Presidencia y Ministerio de Justicia dicen que el actual periodo de la Comisión de la Verdad es “más que razonable”

La postura del Gobierno frente a la petición de extender el mandato de tres años de la entidad es una negativa, asegura que ya es un “periodo extenso”

El Ex Presidente Ernesto Samper asistió a la Comisión de la Verdad. En la foto: Padre Francisco de la Roux, Presidente de la Comisión de la Verdad. (Colprensa - Álvaro Tavera)
El Ex Presidente Ernesto Samper asistió a la Comisión de la Verdad. En la foto: Padre Francisco de la Roux, Presidente de la Comisión de la Verdad. (Colprensa - Álvaro Tavera)

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y el Ministerio de Justicia enviaron un concepto al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez en el que se pronuncian en contra de la solicitud para extender el mandato de la Comisión de la Verdad debido a los retrasos presentados por la pandemia del covid-19.

En el documento, el secretario jurídico del DAPRE, Germán Eduardo Quintero Rojas y el del Ministerio de Justicia, Fredy Murillo Orrego declaran que este proceso no debería tramitarse por la Corte Constitucional, como se está haciendo en este momento, sino que es función del Congreso definir si se extiende o no el mandato de la comisión presidida por Francisco de Roux.

Además afirman que el periodo que se le dio a la Comisión de la Verdad de tres años “era un periodo extenso en comparación con la regla general” teniendo en cuenta que “la Corte utilizó un análisis de fuentes primarias y secundarias para aplicar el método comparado de más de 15 procesos de paz en distintas regiones del mundo”.

También dijeron que el tiempo para llevar a cabo las funciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición “resulta más que razonable” dado que, explican, se le asignaron seis meses más para su instalación en 2017.

Esto va en contravía con lo dicho por varias organizaciones sociales y de víctimas que piden alargar el mandato de la entidad por el retraso que trajo la pandemia y porque la carga de trabajo que implica recoger las razones del conflicto armado en Colombia para noviembre, mes en el que la Comisión deberá entregar su informe final.

Así lo ve incluso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que a través de su presidente, Eduardo Cifuentes, pidió esa prolongación.

“La extensión del mandato de la Comisión de la Verdad es una exigencia constitucional pues sus comisionados deben tener la oportunidad no solamente de presentar su informe final sino también de divulgarlo y explicarlo a lo largo y ancho del país, como acto de paz”, dijo Cifuentes.

Sobre la ampliación del periodo también cursa una demanda que presentaron los representantes legales de la Corporación Personas con Capacidades Diversas y de la Asociación de Víctimas Unidas por la Vida, de la Red Colombiana de Lugares de Memoria, el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), que plantean que la pandemia por el coronavirus no ha permitido el buen funcionamiento de este organismo.

El aislamiento preventivo obligatorio declarado por el Gobierno nacional impidió que la Comisión trabajara como lo venía haciendo hasta ese momento (…) pues los investigadores que se desplazaban a las regiones para obtener los testimonios de las personas que quisieran participar en el esclarecimiento de la verdad se vieron en la imposibilidad de hacerlo”, se lee en el documento que radicaron ante la Corte Constitucional.

La demanda solicita que no se tenga en cuenta el periodo transcurrido entre la declaratoria del estado de emergencia sanitaria establecido en la resolución 385 del 12 de marzo de 2020 y la entrada en vigencia del decreto 580 del 31 de mayo de 2021 donde concretó la reactivación económica segura.

Igualmente, el documento advierte que la pandemia ha “significado una barrera” para todo el proceso de entrevistas y recolección de testimonios, ya que no todas las personas cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias para mantener una efectiva comunicación con los investigadores.

“Hay regiones donde la conectividad es de mala calidad y dado que no hay forma de garantizar la seguridad de los testimonios, las personas argumentan que virtualmente no pueden dar su testimonio por tratarse de asuntos de ‘altísima confidencialidad’”, dice la demanda.

La demanda va dirigida puntualmente contra los artículos 1 y 24 del decreto 588 de 2017, “por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición” que establecen que el periodo de la entidad será de tres años, lo que significa que se debería terminar en noviembre de este año.

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