Haití informó a Colombia la solicitud de ayuda a la ONU para investigar el homicidio del presidente Moïse

El gobierno haitiano buscará la creación de un tribunal especial en su país para investigar y condenar a los responsables del crimen

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EXEQUIAS DEL PRESIDENTE JOVENEL MOÏSE. FOTO: Ambassade d'Haïti en Republique Dominicaine
EXEQUIAS DEL PRESIDENTE JOVENEL MOÏSE. FOTO: Ambassade d'Haïti en Republique Dominicaine

Tras un mes del magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, presuntamente cometido por mercenarios colombianos, las investigaciones no han avanzado. Por esa razón, las autoridades de la isla solicitaron la ayuda de la Organización de Naciones Unidas y plantearon la creación de un tribunal especial.

Por medio de una carta, la Embajada de Haití en Colombia informó al Gobierno nacional que acudieron a la ONU y a la Comunidad del Caribe “con el fin de pedir colaboración en el desarrollo de las investigaciones que se están llevando a cabo por el magnicidio del señor presidente, su excelencia Jovenel Moïse”, dice el documento.

Según dice la carta, el objetivo es que las autoridades internacionales ayuden a adelantar una investigación imparcial y detallada del homicidio, al interior de la isla. Así como “lograr la creación de un tribunal especial para condenar a los responsables de tal acto barbárico”.

La solicitud de Haití fue presentada el pasado 3 de agosto al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, así como a Gastón Browne, presidente de la Conferencia de Jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad Caribeña, con el objetivo de conformar una comisión internacional de investigación.

Tal como se realizó, recuerda la correspondencia del Líbano en 2005 después del atentado terrorista del 14 de febrero de 2005 que causó la muerte de veintidós (22) personas, incluida la del Primer ministro Rafik Hariri y decenas de heridos”, señaló la Cancillería de Haití.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores de Haití considera que el asesinato del presidente Moïse, cuyos actos también han herido gravemente a la primera dama, Martine Moïse, constituye un crimen internacional por la presunta participación de ciudadanos extranjeros en la planificación, financiación y ejecución del atentado”, agregó el comunicado.

Hasta el momento 18 exmilitares colombianos se encuentran capturados en Haití, como presuntos asesinos del presidente Moïse, el pasado 7 de julio. Sin embargo, tras un mes de la detención no ha iniciado el juicio y las autoridades colombianas temen por su salud y respeto de los derechos humanos.

El pasado 5 de agosto se conoció que los militares fueron trasladados a una cárcel, después de permanecer aislados y hacinados, como lo señaló la Defensoría del Pueblo después de una visita a la isla para garantizar los derechos de los connacionales sindicados.

La Defensoría encontró que varios se encontraban golpeados, al parecer por el momento de la captura, y dos tenían lesiones de consideración. Permanecían esposados por parejas, por lo que las muñecas estaban enrojecidas, y así tenían que realizar todas sus actividades.

Las autoridades colombianas temen que en la cárcel no puedan tener garantías, mientras que según reveló la emisora FM, varios de ellos manifestaron su voluntad de ser extraditados a Estados Unidos mientras se cumple la investigación y su condena.

De acuerdo con la agencia AFP, el juicio en Haití no ha iniciado porque los jueces tienen temor de asumir el caso por el riesgo que representa para ellos y sus familias. Varios de ellos habrían manifestado su negativa a adelantar el proceso, una de las dificultades que enfrenta la justicia en la isla.

Bernard Saint-Vil, decano del tribunal de primera instancia, según Blu Radio, solicitó al Gobierno agentes de seguridad para el juez que asumiría el caso, desde el momento de anunciarlo. Pero la renuencia ha impedido determinar un delegado.

Expertos e incluso la Oficina para la Protección de los Ciudadanos, una agencia gubernamental similar a una defensoría del pueblo, advirtieron que el país enfrenta muchísimas dificultades para manejar en forma adecuada un caso muy complicado.

“El sistema judicial continúa como rehén de ciertos sectores y debilitado por un cuerpo disciplinario... que protege a jueces deshonestos y corruptos, pero que persigue, mediante falsas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, a quienes son honestos”, señaló la agencia el domingo en un comunicado.

Más de 40 personas han sido detenidas, entre ellos una veintena de ex militares colombianos y cinco ciudadanos con nacionalidad haitiana y estadounidense, además de varios policías.

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