Congresistas y organizaciones sociales se suman al pedido de extender el mandato de la Comisión de la Verdad

El próximo 28 de noviembre la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad termina su mandato y deberá entregar el informe final que relate lo sucedido en el conflicto armado, su principal misión. Sin embargo, desde hace unos meses al interior de la entidad se viene pensando la idea de extender el mandato, pero ahora la petición viene, incluso, de algunos congresistas.

Según Juanita Goebertus, representante a la Cámara por la Alianza Verde, la pandemia afectó el proceso que traía la Comisión y a pesar de que se ha dedicado más tiempo al informe que a los espacios de reconocimiento de responsabilidad, la Comisión necesitaría más tiempo, además para evitar que el documento salga en época electoral, según recogió Caracol Radio.

Goebertus dijo que el Partido Liberal, Cambio Radical, La U y hasta el Centro Democrático apoyan la idea de extender el periodo de la Comisión de la Verdad hasta 14 meses o lo que duró la pandemia (desde marzo de 2020 hasta ahora).

Pero como desde antes ya venía la discusión al interior de la entidad de alargar el mandato, se presentó ante la Corte Constitucional un proceso para extender este mandato, así que la idea de los congresistas de presentar un proyecto de ley no iría para apoyar el que ya anda en la Corte.

Por otro lado, más de 300 organizaciones, personas y movimientos sociales presentaron sus firmas como pedido para la extensión del periodo de la Comisión. Estas personas reconocen que la misma pandemia impidió el acceso a los territorios afectados por la guerra para seguir con los levantamientos de testimonios.

La Comisión de la Verdad fue creada por el Acuerdo de Paz y el mandato de la misma está regido por el artículo 1 del Decreto 588 de 2017 que establece su mandato por un periodo de tres años de duración, por lo que el próximo 28 de noviembre la entidad debería terminar sus labores y entregar el informe.

El proceso ante la Corte

La demanda presentada por los representantes legales de la Corporación Personas con Capacidades Diversas y de la Asociación de Víctimas Unidas por la Vida, de la Red Colombiana de Lugares de Memoria, el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes y por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), plantea que la pandemia por el coronavirus no ha permitido el buen funcionamiento de este organismo jurídico.

“El aislamiento preventivo obligatorio declarado por el Gobierno nacional impidió que la Comisión trabajara como lo venía haciendo hasta ese momento (…) pues los investigadores que se desplazaban a las regiones para obtener los testimonios de las personas que quisieran participar en el esclarecimiento de la verdad se vieron en la imposibilidad de hacerlo”, se lee en el documento.

Así las cosas, la demanda solicita que no se tenga en cuenta el periodo transcurrido entre la declaratoria del estado de emergencia sanitaria establecido en la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 y la entrada en vigencia del Decreto 580 del 31 de mayo de 2021 donde concretó la reactivación económica segura.

Igualmente, el documento advierte que la pandemia ha “significado una barrera” para todo el proceso de entrevistas y recolección de testimonios, ya que no todas las personas cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias para mantener una efectiva comunicación con los investigadores.

“Hay regiones donde la conectividad es de mala calidad y dado que no hay forma de garantizar la seguridad de los testimonios, las personas argumentan que virtualmente no pueden dar su testimonio por tratarse de asuntos de ‘altísima confidencialidad’”, dice la demanda.

Cabe resaltar que la demanda va dirigida puntualmente contra los artículos 1 y 24 del Decreto 588 de 2017 “por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición” que establecen el periodo de tres años para la Comisión.

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