Implementar el acuerdo de paz tomaría 26 años al ritmo actual, aseguró la Contraloría

La reforma rural integral está en riesgo de desfinanciamiento; programas como el fin del problema de las drogas, la participación política y el fin del conflicto han presentado disminución de recursos

Zona de Reincorporación de Dabeiba (Antioquia). Foto: (Colprensa-Sergio Acero)
Zona de Reincorporación de Dabeiba (Antioquia). Foto: (Colprensa-Sergio Acero)

La implementación del Acuerdo de Paz, tras más de cuatro años de vigencia, tiene un rezago en ejecución de cerca de 15 billones de pesos, debido a que desde la firma, no se han ejecutado ni invertido los dineros que se proponían como meta anualmente para lograr su consolidación.

La Contraloría General de la República advirtió que de continuar con el ritmo actual de ejecución de los recursos, implementar el Acuerdo de Paz tomaría 26 años, muchos más de los que se estableció como vigencia para ese compromiso del Estado, producto de los diálogos con la extinta guerrilla de las Farc.

El quinto informe de ejecución de la Contraloría determinó que no se ha cumplido con las metas del Marco Fiscal de Mediano Plazo en ninguno de los cinco años desde la firma del Acuerdo Final.

En 2017 se ejecutaron $5,36 billones frente a $9,09 billones previstos

En 2018 se ejecutaron $4,21 billones frente a $8,62 billones

En 2019 se ejecutaron $6,31 billones frente a $8,55 billones

En 2020 se ejecutaron $6,53 billones frente a $8,38 billones

En 2021 se ejecutarán $5,67 billones cuando se habían previsto $8,80 billones

Si bien la ejecución de recursos presenta un crecimiento anual promedio de 5 por ciento desde la firma del acuerdo hasta la fecha, el avance de la implementación aún es insuficiente para cumplir con lo planeado en el Plan Marco de Implementación. En ninguno de los años, desde 2017, se ha ejecutado la totalidad de los recursos previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) por lo que, a este ritmo (en promedio $5,6 billones anuales), la implementación del Acuerdo Final se lograría en 26 años”, concluyó el contralor Carlos Felipe Córdoba.

Gráfica del informe de ejecución de la Contraloría.
Gráfica del informe de ejecución de la Contraloría.

Debido a esa baja ejecución de los recursos, que la Contraloría delegada para el Posconflicto, calculó en un 65% de avance de lo previsto para el cuatrienio 2017 - 2020, varios de los puntos claves del texto acordado en La Habana se han quedado cortos.

Uno de ellos es la Reforma Rural Integral que proponía ponerle fin a los problemas de tierras en el país y que reclaman algunas comunidades como los indígenas y víctimas de desplazamiento. Con la baja ejecución de recursos, está en riesgo el Catastro Multipropósito, una de las banderas de implementación del presidente Iván Duque.

“En la Reforma Rural Integral hemos visto desfinanciamiento del Catastro Multipropósito, ese riesgo afecta el cumplimiento de las metas establecidas en el marco de implementación en el 100% de los municipios de catastro rural multipropósito formado y o actualizado. Esto afecta, además, el cumplimiento de la meta señalada para 2022 en el Plan Nacional de Desarrollo para tener el 60% del área del país formalizada y actualizada”, señaló el contralor Córdoba.

En ese sentido, el ente de control advierte que algunos recursos se están destinando a aspectos estructurales, mientras que los pilares fundamentales del Acuerdo se han quedado desfinanciados y podría ocurrir un desbalance. Por ejemplo, la Educación Rural ha tenido un 24% de ejecución hasta 2021, mientras que el catastro multipropósito que fundamenta el ordenamiento territorial solo tiene el 3% de asignación.

La Contraloría propuso que se modifique el Sistema General de Participaciones para que el Punto 1 del Acuerdo pueda recibir mayores recursos y avanzar en la implementación; toda vez que la principal fuente de financiación del tratado ha surgido del Presupuesto General de la Nación.

El Fondo de Tierras, principal instrumento para abordar esta política, no cuenta con recursos monetarios para la compra o subsidio de tierras. Así mismo, la línea especial de crédito presenta escasos resultados. Lo que, aunado a la no adopción e implementación del Plan de Formalización Masiva de la Propiedad Rural y la no creación de la jurisdicción agraria, no permite tener las mejores perspectivas en este pilar y en la resolución pacífica de los conflictos sobre la tierra”, concluyó el ente de control.

La mayor concentración de los recursos se has destinado al Punto 1 con un 65%, al cual le sigue el Punto 3 de Fin del Conflicto con 12% y finalmente el Punto 5 de Víctimas con un 10%. Sin embargo, un punto como el 4 de Solución al Problema de las Drogas, en un año como el 2021, tiene una destinación de 0,2%.

“Es importante que se presenten las alertas sobre el retraso en la ruta de atención de los beneficiarios del Programa Integral Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en todos sus componentes; ese rezago es palpable especialmente en la fase de proyectos productivos de ciclo corto y de ciclo largo, con tan solo 726 familias con su proceso de sustitución culminado, cifra que equivale solo al 1% de todas las familias”, señaló el contralor Córdoba.

En el Punto 4, por ejemplo, la Contraloría señaló que solo se ejecutaron 3,5 billones desde 2017 al 2020 más 10.458 millones en el actual calendario; lo cual, comparado, muestra una disminución del 69% de los recursos ejecutados pasando de $1,4 billones en 2017 a $433.000 millones en 2020, más un 98% menos en el 2021.

“Si bien se sostienen los avances asociados a número de hectáreas sustituidas en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), persisten rezagos en cuanto la baja asignación de recursos al programa, retrasando la ruta de intervención y aumentando el riesgo de incumplimiento a las familias beneficiarias y por lo tanto el de resiembra”, advirtió la Contraloría.

En cuanto a la ejecución de los recursos para la Participación Política (Punto 2), se evidenció una disminución del 18%, pasando de e $376.825 millones durante el periodo 2017 a 2020 y una programación presupuestal de $28.005 millones para 2021. El Punto 3 sobre El fin del conflicto, se determinó que ha mantenido una ejecución estable, que presentó una disminución del 6% en 2021 en comparación con el año anterior.

El Punto 5 Sobre las Víctimas del Conflicto, se ha presentado una tendencia creciente en la ejecución de recursos. Durante el periodo de 2017 a 2020 se ejecutaron 1.8 billones de pesos, para 2020 fue de 653.932 millones y para el 2021 se programaron 667.024 millones.

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