Exmilitares colombianos denuncian que fueron engañados por el gobierno de los Estados Unidos para combatir en Irak y Afganistán

Con un plantón frente a la embajada del país norteamericano en Bogotá, los ahora retirados piden que sean reconocidos como soldados y no como guardias de seguridad

Militares colombianos frente a la embajada de Estados Unidos en Bogotá
Militares colombianos frente a la embajada de Estados Unidos en Bogotá

Este viernes se completa el último día de protestas frente a la embajada de Estados Unidos en Bogotá por parte de personas que se identifican como militares retirados del Ejército de Colombia que denuncian haber sido engañados por el Gobierno norteamericano.

Según los denunciantes, al retirarse del Ejército colombiano, una persona los contactó para prestar servicios de seguridad en Estados Unidos y gracias a esa entidad, lograron adquirir una visa transitoria y llegaron a Carolina del Norte a prepararse como guardias para cuidar edificios diplomáticos, ese fue el caso de Jorge Estevez, quien estuvo en el Ejército por 14 años.

El hombre denunció que al llegar al país norteamericano fueron entrenados y respaldados por el Departamento de Estado y les informaron que prestarían los servicios de guardia en países como Afganistán e Irak, a donde finalmente llegaron.

“Fuimos entrenados en un curso de seguridad, no más y firmamos un contrato para eso. Nos envían a medio oriente y allí nos damos cuenta que nuestro trabajo es totalmente diferente. En la página 7 dice que no somos presencia de combate y resultamos recibiendo órdenes suicidas por parte del RSO (Regional Security Officer) que es el delegado del Departamento de Estado”, señala el hombre.

Militares colombianos frente a la embajada de Estados Unidos en Bogotá
Militares colombianos frente a la embajada de Estados Unidos en Bogotá

Otro de los compañeros de Estevez que también estaba presente, denunció que viven con estrés postraumático y con otras afectaciones debido al daño que sufrieron al enfrentarse a los conflictos internos de estas regiones. Hasta ahora dicen que no han tenido respuesta por parte de la embajada.

En algunos de los carteles que sostienen, se ve una carta que estaría firmada por la congresista demócrata Frederica S. Wilson que pide atención a los colombianos porque los “dejaron en condiciones vulnerables en la primera línea de defensa”. En otro cartel se lee “fuimos contratados como guardias y terminamos como militares en Irak y Afganistán”.

Por ahora sus peticiones se basan en que los escuchen en la embajada y que los califiquen como soldados por parte del Gobierno de Estados Unidos, a pesar de que aparecen como guardias. Además, desean que no se les califique como mercenarios dada la coyuntura con los 18 colombianos capturados en Haití, aunque hayan tenido un modo parecido de contacto como describen algunos familiares de los capturados en Puerto Príncipe.

La petición de la Cancillería colombiana por los capturados

Mediante una carta, la Vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez, en nombre del Gobierno Nacional, se mostró preocupada por la situación de los connacionales detenidos en ese país, tras informe consular.

La alta funcionaria manifestó su preocupación tras la visita realizada por la Misión Consular colombiana, que evidenció irregularidades en la detención y asistencia a los connacionales, presuntamente vinculados con el asesinato del presidente Jovenel Moise.

En la misiva, la Vicepresidente y Canciller señala que los colombianos –de acuerdo con el informe entregado por el Cónsul Honorario de Colombia en Haití, Julio Santa– “no han recibido ninguna clase de asistencia jurídica, al no tener asignados defensores de oficio que protejan el derecho de la defensa y se respeten las garantías judiciales y del debido proceso”.

Por tanto, expresó: “Me valgo de esta oportunidad para solicitar a su gobierno que cumpla a cabalidad con el artículo 5 de la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares, permitiendo que los funcionarios colombianos ejerzan las funciones allí contempladas para la debida prestación de asistencia a nuestros connacionales, así como el respeto y garantía por el derecho que tiene toda persona detenida de contar con la asesoría legal que le permita ejercer plenamente su derecho a la defensa y gozar de las garantías del debido proceso. Los tratados internacionales de protección consular y de derechos humanos garantizan sin dilaciones la obligación de designar a un defensor una vez se produzca la captura, en especial el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, afirma la Vicepresidenta y Canciller.

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