Estado niega indemnización de militar investigado por falsos positivos

El hombre, de quien se desconoce su identidad, había demandado al Estado por privación injusta de la libertad.

25-04-2021 Colombia.- Asesinados cinco campesinos en Colombia.

Cinco campesinos han muerto asesinados en las últimas horas en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, en el centro-sur de Colombia.

POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA
FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA
25-04-2021 Colombia.- Asesinados cinco campesinos en Colombia. Cinco campesinos han muerto asesinados en las últimas horas en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, en el centro-sur de Colombia. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA

Este martes 27 de julio se conoció que el Consejo de Estado negó una demanda a un militar vinculado en un caso de ‘falsos positivos’. El uniformado estuvo detenido durante cinco meses y luego fue dejado en libertad por decisión de la Fiscalía.

El hombre, de quien se desconoce su identidad, había demandado al Estado por privación injusta de la libertad, sin embargo, el tribunal decidió que este no tendrá que reparar los daños que sufrió el militar en su detención.

El militar había sido capturado por las autoridades el 6 de diciembre de 2008, cuando se le imputó el delito de homicidio en persona protegida por un caso registrado el 30 de mayo de 2006, en Santa Bárbara, Antioquia. Y fue hasta el 21 de mayo de 2009, que logró ser absuelto y recuperó su libertad.

De acuerdo con el Consejo de Estado, no se halló ninguna relación que vinculara al uniformado con ningún caso de ejecución extrajudicial, sin embargo, una víctima sobreviviente de los asesinatos en esa región reveló que el hombre si estaba involucrado en los hechos.

Por esa razón, el tribunal supremo señaló que la decisión de haber permanecido durante varios meses privado de la libertad fue justa y basado en testimonios que fueron verificados y contrastados con investigaciones.

“La medida no se prolongó por inacción de la Fiscalía de conocimiento, que practicó las pruebas solicitadas por la defensa, además de otras como la inspección y el testimonio de los implicados, que llevaron a concluir que no existían serios motivos de credibilidad que dieran lugar a la acusación, sino que, por el contrario, habían desvirtuado los motivos que llevaron a la medida”, sostuvo el Consejo de Estado.

En su última decisión, la Jurisdicción Especial para la Paz (JE) determinó que entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, estas personas ejecutaron al menos 120 desapariciones forzadas y asesinaron a 126 personas en el Cesar.

Cabe recordar que, la JEP había anunciado la imputación a otros 10 militares y un civil por el mismo crimen, pero en el Catatumbo, Norte de Santander.

En el caso de los coroneles (r) Mejía, quien ha sido candidato presidencial, y Figueroa, responderán por ser autores mediatos en el homicidio de persona protegida y desaparición forzada, lo que la JEP calificó desde el primer Auto de imputación como crímenes de guerra y lesa humanidad, basados en el Estatuto de Roma. Además de los coroneles, Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, los otros 13 militares son:

Mayores e imputados como coacutores:

- José Pastor Ruiz Mahecha

- Guillermo Gutiérrez Riveros

- Heber Hernán Gómez Naranjo

Sargentos:

- Efraín Andrade Perea

- Manuel Valentín Padilla Espitia

- José de Jesús Rueda Quintero

Subtenientes:

- Eduart Gustavo Álvarez Mejía

- Elkin Leonardo Burgos Suárez

Soldados:

- Yeris Andrés Gómez Coronel

- Alex José Mercado Sierra

- Juan Carlos Soto Sepúlveda.

Teniente:

- Carlos Andrés Lora Cabrales

Cabo tercero:

Elkin Rojas

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