21 personas mas estarían involucradas en el caso de corrupción que tiene en problemas legales a Richard Aguilar

Las presuntas irregularidades por las que se investiga a Richard Aguilar ocurrieron en varios contratos suscritos entre 2014 y 2015, años en los que se desempeñó como gobernador del departamento de Santander.

Richard Aguilar, senador por el Partido Cambio Radical. (Colprensa - Sofía Toscano)
Richard Aguilar, senador por el Partido Cambio Radical. (Colprensa - Sofía Toscano)

En la noche del pasado martes, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión contra el senador Richard Aguilar Villa, como presunto determinador de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, autor de interés indebido en la celebración de contratos y coautor de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propio y de terceros.

Sin embargo, al parecer en los casos que salpican al exgobernador de Santander se le sumarían 21 personas más que serían llamadas en los próximos días por la Fiscalía General de la Nación, según informó Blu Radio.

Los implicados tendrían a su cargo labores como planificar las millonarias licitaciones en una oficina creada en la Gobernación de Santander para la adjudicación de dichos contratos.

En primer lugar, Julián Jaramillo, exasesor del exgobernador Aguilar y encargado de montar las licitaciones sastre, en las que sólo se había presentado un único proponente que cumplía a la perfección con todos los requisitos habilitantes establecidos en los pliegos de condiciones.

Asimismo, Jaramillo, quien ocupó el cargo de director de Proyecto de Infraestructura de la Gobernación de Santander, buscó a Claudia Toledo, secretaria de Infraestructura, y su esposo, Lenin Pardo para que cambiaran su versión en el proceso judicial contra Aguilar.

Otro salpicado en el escándalo de corrupción sería Javier Felipe Villamil, exasesor Jurídico del exgobernador, encargado de revisar todos los contratos y dar el visto bueno a las licitaciones para ponerlas en marcha.

En la investigación de la Fiscalía, se menciona a Reinaldo Castillo Parra, quien reemplazó a Toledo cuando presentó su renuncia. Además, Castillo tiene un vínculo cercano con el recién exfuncionario Aguilar, al igual que Jorge Céspedes Camacho, exjefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación.

Octavio Reyes Sarmiento, también aparece en la lista de la Fiscalía, a quien le aseguró haber entregado $ 1.500 millones de coima por el contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López, en Bucaramanga.

Otros contratistas que estaría involucrados en el caso de corrupción:

Reynaldo Bohórquez, gerente de la empresa Construvicol S.A.S; Juan Gonzalo Ángel Jiménez, propietario de la empresa Meyan S.A; Camilo Alberto Osorio Peláez, gerente de la empresa Concitop S.A.S; Aureliano Naranjo Sarmiento, primo del exgobernador Hugo Aguilar; y Ángela María Naranjo Díaz, contratista e hija del primo del coronel Aguilar.

Asimismo, Andrés Mauricio Diaz, exrepresentante legal de la interventoría ‘Consorcio Refuerzo 2015′; Artemio Suarez Díaz y Andrés Rueda Gómez; Ana Lucía Wandurraga Ballesteros, exsupervisora de contratos; Edgar Báez Ariza, Cesar Castro Villaveces y Silvia Natalia Oviedo, exfuncionarios de la gobernación; Xiomara Suárez y Hugo Alberto Sánchez, excontratistas; y Rubiel Marino Bermúdez, exempleado de la oficina de Julián Jaramillo .

Cabe recalcar que, este miércoles, Aguilar renunció a su curul en el Congreso por medio de una carta, donde pone en la mesa su actual situación judicial, la cual le impide continuar al frente de las necesidades del país.

“Por medio de este escrito, me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al Senado de la República a partir de la fecha. Decisión que obedece a la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que me impide continuar con el normal desarrollo de mis deberes y funciones como congresista”, se lee en una parte del documento.

Es importante tener en cuenta que al renunciar, Aguilar busca que su proceso sea revisado y pase de la Corte Suprema a manos de la Fiscalía General. De hecho, uno de los argumentos que presenta la defensa para la solicitud, es que los sucesos por los que se le está investigando ocurrieron cuando Aguilar era gobernador de Santander, entre 2012-2015 y las actuaciones no tienen conexión alguna con su trabajo como senador de la República.

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