La travesía de dos familias para recuperar sua tierras en caso que implica a exmagistrado Jorge Pretelt,

La zona de los predios actualmente no es apta para avanzar a la entrega pues aún tiene presencia de grupos armados

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En marzo de 2020 en una sentencia de 130 páginas, el Tribunal Superior de Antioquia ordenó proteger el derecho a la restitución de tierras de Reynaldo Pascual Villalba Alarcón y de Argenida María Hernández Díaz, que de acuerdo con el caso son reconocidas como víctimas de desplazamiento forzado. Esta última, como representante de la sucesión del campesino Manuel Gregorio Hernández Soto, quien falleció el 31 de enero del 2014, pero que según la sentencia era el “titular del derecho real de dominio”.

Los predios comprometidos en esta disputa son: ‘Alto Bonito’ y ‘No hay como Dios’, dos de los cuatro que conforman la hacienda La Corona, en zona rural de Turbo y que estaban administrados por Jorge Pretelt Chaljub, exmagistrado de la Corte Constitucional y el primer primer magistrado de una alta corte en ser condenado por corrupción en el país. Sin embargo, pese a que ha pasado 1 año y nueve meses el traspaso de las tierras sigue en veremos.

En su parte resolutiva, la sentencia afirma que Pretelt Chaljub no logró demostrar que actuó de buena fe exenta de culpa cuando adquirió los predios en cuestión, reclamados por los campesinos. Asimismo, le negó la condición de segundo ocupante, que habría obtenido tras recibir el predio de Martha Ligia Patrón López, su esposa.

La decisión declara inexistentes los negocios de compraventa con los cuales los campesinos perdieron su propiedad sobre estos predios, entre ellos, uno de 1999 en el que varios campesinos de apellido Villalba Alarcón le “vendieron” a Evelio Enrique Díaz Yañez, quien según declaró el exparamilitar alias ‘Monoleche’, fue uno de los encargados de presionar y amedrentar a familias del Urabá para que vendieran sus tierras.

Estas tierras han tenido grandes problemas debido a que en el pasado, cerca de ambos predios existía un enorme centro de operaciones y entrenamiento paramilitar llamado La 35, extendido por 500 hectáreas. Y actualmente, muy cerca está dominando la zona Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, cabeza del Clan del Golfo y blanco de la más grande operación de la fuerza pública en Colombia.

De acuerdo con El Espectador, la pandemia fue el primer problema que tuvieron que enfrentar las familias. Pues tan solo tres días después de la sentencia, el Consejo Superior de la Judicatura aplazó todos los eventos hasta el 20 de abril de 2020. Entre ellos, la entrega del material, a cargo del Juzgado Primero Civil de Restitución de Tierras de Apartadó (Antioquia).

Sin embargo, como la crisis sanitaria se extendió hasta el día de hoy se tomo la decisión de reprogramar una vez más la entrega para el 16 de febrero de este año, pero se canceló por “condiciones de seguridad en la que la Policía de Urabá advirtió riesgos para el desarrollo de la comisión”.

Posteriormente el 14 de mayo de 2021 parecía que por fin se iba a dar el tan deseado día de por fin el traspaso de tierras, no obstante, en palabras de la Unidad y nuevamente bajo la excusa de la seguridad, “fue cancelada por el Juzgado ante el silencio presentado por el Ejército y la Policía para dar cuenta de las condiciones de seguridad en la zona”.

De acuerdo con las autoridades de la zona, la razón por la que la seguridad ha sido el gran freno es porque ahora esa región, el Golfo de Urabá, es el centro de actividades de la organización criminal con mayor presencia en Colombia y que allí se concentra la Operación Agamenón, para dar con el paradero del hombre más buscado del país: Otoniel.


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