Indígenas wayuu exigen intervención de la Corte IDH ante la situación de “urgencia y gravedad extrema” en La Guajira

Desnutrición y falta de acceso a los sistemas de salud, electricidad y agua potable en el departamento, son las principales causas por las que la comunidad exige escalar la situación al organismo, con sede en Costa Rica.

Población de indígenas Wayúu en Colombia. Foto: Agencia Anadolu.
Población de indígenas Wayúu en Colombia. Foto: Agencia Anadolu.

Los indígenas wayuu, pueblo ancestral que habita las regiones semiáridas del norte de Colombia y el oeste de Venezuela, denunciaron la precaria situación que se presenta en el departamento en materia de desnutrición.

Desde el lunes 28 de junio, miembros de la comunidad pidieron escalar a las instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la problemática relacionada con la falta de acceso a los sistemas de salud, electricidad y agua potable.

La petición fue hecha durante una audiencia pública de la Comunidad Interamericana de Derechos Humanos, órgano encargado de proteger los derechos humanos en el continente y el que tiene capacidad para remitir un caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Durante una audiencia celebrada este martes, el abogado de la comunidad wayuu, Ignacio Álvarez, argumentó que es necesaria la intervención de la Corte IDH considerando la “situación de urgencia y gravedad extrema existente” entre los niños, adolescentes y ancianos, así como las madres en período de gestación o lactancia.

Cabe recordar que, entre 2015 y 2017 los miembros wayuu en condición de vulnerabilidad recibieron el amparo de la CIDH con unas medidas cautelares, sin embargo, sus representantes aseguraron que el Estado colombiano no las está cumpliendo, considerando además que en lo que va de año, por lo menos 17 menores wayuu han muerto por desnutrición, de acuerdo con los denunciantes.

Ante este panorama, la CIDH expresó su intención de hacer una visita de trabajo tras la denuncia de Javier Rojas, portavoz de la Asociación de Autoridades Tradicionales indígenas shipia wayuu, quien reportó que la situación empeoró en tiempos de pandemia.

Con una población de unas 270.000 personas, los wayuu son el grupo indígena más numeroso de Colombia y la gran mayoría vive en el departamento de La Guajira.

Los representantes de los wayuu ante la justicia y los organismos en materia de derechos humanos aseguran que el Estado colombiano no está cumpliendo con sus compromisos y por eso quieren que intervenga la Corte IDH, con sede en San José, Costa Rica.

En busca de medidas provisiones de protección y garantía de cumplimiento de derechos humanos, los indígenas pretenden que se garantice la protección de los menores, ancianos y madres gestantes wayuu, ya que las acciones de ese organismo tienen un mayor peso jurídico y son de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano.

Javier Rojas denunció que la grave situación de desnutrición empeoró en los últimos meses por la pandemia y el difícil acceso a los sistemas de salud, así como por la migración de indígenas wayuu procedentes de Venezuela, relatando las precarias condiciones para poder garantizar el cumplimiento de derechos humanos en Colombia:

Una madre o un padre wayuu debe caminar por lo menos tres horas bajo un sol inclemente en una zona desértica para llegar al centro de salud más cercano porque no tenemos transporte público ni vías. Y deben hacer el mismo recorrido de regreso con un niño en brazos

Rojas también acusó al Estado colombiano de desconocer la situación de los indígenas y de no haber participado en un diálogo constructivo con sus representantes para solventar la crisis.

Ante dichos señalamientos, Álvaro Frías Galván, representante de la Cancillería de Colombia, respondió afirmando que el Estado colombiano sí está prestando atención a las comunidades afectadas y ha diseñado políticas públicas, programas y proyectos de mediano y corto plazo que se encuentran en proceso de implementación.

El representante añadió que el Gobierno colombiano ha mantenido informada a la CIDH de sus progresos con la participación en reuniones de trabajo y el envío de 33 notas con información sobre la implementación de las medidas cautelares, la última de ellas, sucedida el 25 de mayo de 2021.

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