Ambientalistas piden a Duque volver a radicar Acuerdo de Escazú en el Congreso

La propuesta es volver a proponer la normativa el 20 de julio, fecha en la que el Congreso vuelve a legislar.

Elaborado bajo la coordinación de la CPT, el Atlas indagó el tema en el 85 % de la región de la panamazonía, conformada por Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela. EFE/ Marcelo Sayão /ARCHIVO
Elaborado bajo la coordinación de la CPT, el Atlas indagó el tema en el 85 % de la región de la panamazonía, conformada por Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela. EFE/ Marcelo Sayão /ARCHIVO

La legislatura del Congreso de la República de Colombia terminó ayer (20 de junio) sin que se aprobaran importantes proyectos de ley, como la ratificación del Acuerdo de Escazú. El proyecto fue archivado y no se convocaron sesiones extraordinarias para debatirlo, hecho que tiene molestos a políticos, activistas y grupos medioambientales que impulsan la normativa y ahora piden al presidente Ivan Duque que esta vuelva a ser presentada cuando el Congreso vuelva a entrar en vigencia.

El senador del Partido Verde Antonio Sanguino, uno de los principales ponentes del proyecto, fue uno de los primeros en anunciar que le pedirá a Duque radicar el proyecto de nuevo el 20 de julio, cuando empiece la nueva legislatura del Congreso. Es de mencionar que este proceso se llevaría en las comisiones segundas del Senado y la Cámara, encargadas de votar los proyectos relacionados con tratados internacionales.

“Vamos a interponer ante el presidente de la República una solicitud para que radique de nuevo ante el Congreso, el próximo 20 de julio en la legislatura que comienza ese día, el proyecto de ratificación del Acuerdo de Escazú, de nuevo con mensaje de urgencia. Le pediremos que comprometa a su coalición y a su bancada para que no actúen como saboteadores en el trámite de este proyecto”, dijo Sanguino.

La razón por la que el senador pide que no se sabotee el proyecto es porque, según indicó la semana pasada, durante las sesiones convocadas para discutir el proyecto, varios políticos, que no están de acuerdo con la normativa, se pronunciaron más del tiempo debido para así impedir la votación. Sanguino señaló especialmente al representante Juan David Vélez y la senadora Paola Holguín del Centro Democrático de “darle la espalda a la ciudadanía y el planeta”.

Ante esta denuncia, el presidente de la Comisión Segunda del Senado, Juan Diego Gómez, aseguró que se dieron todas las garantías en medio de la discusión de esta iniciativa. Así mismo, señaló que el problema principal es lograr que la normativa pase porque los partidos mayoritarios están en contra.

“Toda la oposición recibió las garantías, acordamos varios foros y los mismos se llevaron a cabo. Sin embargo, aunque el Gobierno insistió en que se aprobara, algunos sectores políticos en el Congreso del Centro Democrático, de Cambio Radical, del partido de la U no respaldaron esta iniciativa”, manifestó.

Es de mencionar que ante este descontento, además de volver a radicar el proyecto, el senador del Polo Iván Cepeda anunció que enviará una comunicación a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para alertarlos acerca de la no ratificación del acuerdo. La razón para ejecutar esta acción es que Duque, en medio de la Asamblea de Conmemoración de los 75 años de la ONU, realizada en septiembre del año pasado, aseguró que el país ratificaría, pero al final esto no sucedió.

CONTEXTO: Iván Cepeda informará a la ONU que Colombia incumplió el compromiso de ratificar el Acuerdo de Escazú

Cepeda aclaró que esta acción no es vinculante, pero asegura que servirá para sentar un precedente. En concreto, en el documento se denunciará al presidente Iván Duque, su gabinete presidencial y las bancadas del Congreso allegadas a él, por “obstruir la ratificación de este importante acuerdo”.

Quienes apoyan la ratificación del Acuerdo de Escazú esperan que estas denuncias ayuden a presionar para que en la próxima legislatura si haya voluntad política para que la normativa se apruebe.

Hay que recordar que políticos, activistas y grupos medioambientales colombianos aseguran que era importante que se diera el debate en el Congreso y el país ratificara el acuerdo para así establecer garantías sobre el acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales y la protección de líderes ambientales. Se resalta la importancia de este último punto ya que según la organización internacional Global Witness, Colombia ocupa el primer puesto de países con más asesinatos de defensores medioambientales reportados el año pasado

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