Estos son los aspectos más destacados de la polémica reforma a la Procuraduría

Para quienes están en contra de la propuesta, la reforma es un proceso burocrático que le entregaría superpoderes que no le corresponden a esa entidad.

Bogotá. 6 de Febrero del 2020. Sede de la Procuraduría General de la Nación. (Colprensa-Sergio Acero)
Bogotá. 6 de Febrero del 2020. Sede de la Procuraduría General de la Nación. (Colprensa-Sergio Acero)

El pasado miércoles 13 de junio, en el Congreso de la República, se aprobó la polémica reforma al Código Disciplinario de la Procuraduría General de la Nación. Con 53 votos a favor, y nueve en contra, lo que permite esta decisión es que se fortalezcan los poderes que tiene el organismo de control, además de otorgarle funciones jurisdiccionales y de policía judicial. La determinación le da luz verde al presidente para reformar la planta de personal de esa entidad. Aquí se presentan algunos de los aspectos que más destacan y que más causan revuelo entre los opositores de esta propuesta que está a un último paso de ser un hecho en Colombia.

En contexto, y lo que se convierte en uno de los principales puntos debatibles por parte de quienes están en contra de la reforma, fue en el 2013 cuando Gustavo Petro, entonces alcalde de Bogotá, fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría, ente encabezado, por esos días, por Alejandro Ordóñez. La CIDH, ante la decisión, condenó al Estado colombiano por haber restringido los derechos políticos del líder de la Colombia Humana. La decisión finalmente fue reversada, por lo que luego el organismo internacional planteó ajustes. De esto, parte la reforma que ya fue votada a favor y que depende de una conciliación entre las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.

El polémico articulado está planteado bajo tres puntos principales: el primero que tiene que ver con las facultades jurisdiccionales, que buscan que se amplíen las funciones jurisdiccionales en lo relacionado con el área misional disciplinaria, lo que permitiría a la entidad actuar como juez en los casos que impliquen sanciones como destitución o inhabilidad; división en las fases investigativas, que busca garantizar que las etapas de investigación y juzgamiento sean atendidas por diferentes funcionarios; y finalmente la doble instancia, que plantea la creación de la sala de juzgamiento para cerciorar en todos los procesos la aplicación de este recurso.

Lo anterior se realizaría, según la ponencia, ampliando “la planta de personal, definiendo los términos y formas de elección de las salas disciplinarias que se deben conformar privilegiando el mérito y la paridad de género”.

Aunque para el senador liberal Fabio Amín, ponente del proyecto en el Senado, la iniciativa crea “nuevas reglas para procesar a todos aquellos funcionarios de elección popular”, y “garantiza la separación de las funciones de investigación de las de juzgamiento”, para quienes están en contra, como el senador Iván Cepeda, se trata de un acto de burocracia que convierte a la Procuraduría en “un aparato de policía política”.

Incluso, el pasado 16 de junio, el funcionario aseguró que demandará aquel proyecto como inconstitucional. Para la bancada opositora de esta nueva normativa, lo que hace esta propuesta es otorgarle funciones judiciales, o ‘súperpoderes’ al Ministerio Público lo que, afirmaron, podría ser utilizado con fines de persecución a dirigentes políticos.

Iván Cépeda habla de la reforma
Iván Cépeda habla de la reforma

De acuerdo con lo que explicó el ministro de Justicia, Wilson Ruíz, y con lo que quedó registrado en papel, la reforma permite varias cosas positivas. La primera de ellas es la ‘digitalización de la justicia’, que permitirá adoptar la figura de expediente digital en todas las disciplinas jurídicas, con el objetivo de “facilitar los trámites judiciales”.

“El usuario no va a tener que desplazarse hasta los despachos. Desde cualquier dispositivo electrónico, va poder presentar acciones judiciales y seguir el trámite de su proceso. Esto también va a permitir que los ciudadanos puedan solucionar sus conflictos sin la necesidad de un abogado, y sin acudir a rigurosos procesos judiciales”, explicó Ruíz.

La reforma, además, permitirá la creación de la figura de ‘jueces itinerantes’ que, según los ponentes, busca descongestionar el sistema judicial. Este debatido proyecto también contempla que el 50% de las listas para elegir a magistrados de las altas cortes estén conformadas por mujeres, y que el acceso a los cargos de las ramas judiciales sea exclusivamente por méritos de los aspirantes. Así mismo, se establece que el 3% del presupuesto general de la Nación sea destinado a la Procuraduría “para mejorar y modernizar el aparato judicial”.

Paloma Valencia argumentó que “entregarle 3 billones de pesos a la Rama Judicial es un despropósito y son recursos que deberían destinarse a la inversión social”.

“Ese presupuesto para la rama judicial va a favorecer la administración de justicia. Colombia está atrasada frente al estándar que establece la OCDE, que es de 64 jueces por cada 100 mil habitantes, pero en el país la cifra es de 11 jueces por cada 100 mil habitantes. Esta situación impide que la justicia sea ágil al momento de resolver los procesos. Hay gente que tiene que esperar 30 años por un fallo”, afirmó Ruíz.

El jefe de esa cartera también resaltó que la reforma define la administración de la justicia como un servicio público esencial, “es un factor determinante porque va en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Constitución Política frente a la intención de hacer efectivos los derechos de los ciudadanos”. Este punto, de acuerdo con los oponentes, “le cierra la puerta a la posibilidad de hacer paros judiciales”.

El juez Fredy Machado, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial (Asonal Judicial), aseguró que lo desfavorable de la reforma “es que se afecta la autonomía y la independencia de la Rama Judicial, pues el Gobierno va a tener injerencia, además se afectan los derechos de carrera y de incrementa la burocracia”,

Las senadoras Angélica Lozano y Griselda Lobo, por su parte, presentaron una propuesta para que el proyecto no fuera aprobado, bajo el argumentó de que la burocracia que conlleva el prospecto de ley crearía “más trabas en el sistema judicial”.En uno de los parágrafos, explicaron las dos funcionarias, se reducen los requisitos para cargos como Fiscal, Procurador, Registrador y Defensor del Pueblo, lo que le permitiría a personas sin experiencia suficiente llegar hasta estas posiciones de poder. Así mismo, se modifican normas de los concursos de ascenso, la convocatoria pública para ingreso a cargos en las altas cortes, y la inclusión de los cargos de provisionalidad dentro de las listas de elegibles.

“Los abogados que cuenten con títulos adicionales en programas de educación superior podrán acreditar como experiencia profesional aquella adquirida en ejercicio de profesiones, tales como ciencia política, gobierno, finanzas, economía, administración de empresas y administración pública”, se argumenta en la propuesta de Ley.

Angélica Lozano se refiere a la reforma
Angélica Lozano se refiere a la reforma


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