Los micos más criticados de la reforma a la justicia: reducen requisitos para Fiscal, Procurador, Defensor del Pueblo y Registrador

Incluso la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se elimine un parágrafo que resultó adicionado en el trámite del proyecto legislativo, con el que los abogados podrán acreditar como experiencia múltiples funciones para aspirar a los altos entes de control como Fiscal General de la Nación, Procurador General, Defensor del Pueblo o Registrador Nacional.

En el artículo 67 del proyecto aprobado en el Senado, que modifica el artículo 128 de la ley 279 de 1996, en el cual se aumentó la experiencia para los jueces municipales, de Circuito y Magistrado de Tribunal, se adicionó un parágrafo que flexibiliza los requisitos para otros cargos públicos, aunque no era esa norma la que los regula.

“Parágrafo 2. Para la experiencia de que trata el presente artículo, así como para ejercer el cargo de Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo y Registrador Nacional del Estado Civil, los abogados que cuenten con títulos adicionales en programas de educación superior podrán acreditar como experiencia profesional aquella adquirida en ejercicio de profesiones en ciencia política, gobierno, finanzas, relaciones internacionales, ingeniería, economía, administración de empresas y administración pública”, dice el texto.

Esto flexibiliza los requisitos para ocupar esos cargos debido a que en las normas vigentes, que podrían cambiar tras la sanción de la reciente reforma aprobada por el Congreso, todos exigen más de diez años de ejercicio en derecho, como experiencia profesional.

Gloria López, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, quien señaló que algunos artículos adicionados en el trámite legislativo violan la Constitución Política en incluso algunos tratados internacionales, “que desnaturalizan el sentido y la relación de algunos articulados propuestos por el consejo superior de la judicatura”.

“El Consejo Superior de la Judicatura reitera la necesidad de eliminar el parágrafo del proyecto de reforma a la Administración de Justicia que valida experiencia en disciplinas ajenas al Derecho para aspirar a cargos de magistrado de Alta Corte, contrariando requisitos establecidos en art. 232 de Constitución”, señalaron aunque la modificación de los requisitos se eliminó para los magistrados.

Aunque según el diario El Espectador, los autores del parágrafo, los representantes y ponentes Harry Giovanny González y Jorge Enrique Burgos habían desistido de mantenerlo y buscarían su eliminación, lo cierto es que quedó aprobado por el Senado.

Ahora será la conciliación donde se deba estudiar el texto, debido a que es parte del documento aprobado por el Senado y no por la Cámara de Representantes, por lo cual los ponentes conciliadores deberán elegir cual artículo dejan finalmente en la ley. Posteriormente pasará a la Corte Constitucional que revisará el texto en su totalidad.

“Muy grave lo que acaba de pasar en la plenaria del Senado, fue aprobada una proposición que revivía un parágrafo que permite que abogados recién graduados puedan ser magistrados, puedan ser fiscales, puedan ser procuradores”, señaló el representante Wilmer Leal de la Alianza Verde.

“Esto fue advertido en la plenaria de la Cámara y había sido eliminado para ponencia de segundo debate a través de una proposición lo revivieron y queda que todo aquel profesional que tenga experiencia en otras áreas diferentes del derecho puedan ser validados para cumplir los requisitos de estos cargos”, agregó Leal, quien definió el parágrafo como un mico muy grave para la administración de justicia.

En ese último debate, la plenaria del Senado de la República finalmente aprobó el proyecto de reforma a la administración de justicia. Este busca, entre otras cosas, catalogarle como un servicio público esencial y digitalizar el sistema jurídico con herramientas como el expediente digital para todas las ramas, con el objetivo de incrementar la agilidad y la confiabilidad de los procesos legales en el país.

Se trata de una iniciativa que el Estado colombiano venía trabajando al menos desde 2012 y que siempre terminaba hundiéndose a causa de micos escandalosos que más que defender la independencia del sistema amenazaban con hacerlo más fácil de manipular. No obstante, la presente reforma contó con un apoyo de 68 votos, con lo que terminó siendo aprobada.

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