JEP escuchará a comunidad indígena de San Lorenzo en Caldas sobre desaparecidos en el conflicto

Esto hace parte de las medidas cautelares que se toman para identificar a las personas que podrían estar enterradas en al menos 18 puntos identificados por la Sección de Ausencia.

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La JEP prohibió las exhumaciones e inhumaciones en 352 puntos de interés forense en el cementerio de Puerto Berrío, Antioquia (Colombia). EFE/Álvaro Ballesteros/Archivo
La JEP prohibió las exhumaciones e inhumaciones en 352 puntos de interés forense en el cementerio de Puerto Berrío, Antioquia (Colombia). EFE/Álvaro Ballesteros/Archivo

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchará este miércoles 16 y jueves 17 de junio a la comunidad indígena de San Lorenzo en una audiencia pública para recaudar más información sobre las personas desaparecidas que podrían estar en los 18 lugares identificados por la JEP donde, se sospecha, hay cuerpos de compañeros suyos.

La Sección se trazó cuatro objetivos: Escuchar a los miembros de la comunidad indígena que solicitaron las medidas de protección, escuchar a las instituciones sobre las acciones realizadas o proyectadas para la protección de estos lugares, precisar los riesgos que se ciernen sobre los lugares de posible inhumación identificados en el territorio indígena de San Lorenzo y socializar la información disponible, actualizarla o complementarla.

En la audiencia participarán el Cabildo Indígena de San Lorenzo, el Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), Equipo Colombiano de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas), la Parroquia de San Lorenzo, el Ministerio del Interior, la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, la Gobernación de Caldas, las alcaldías y personerías de Riosucio y Supía, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

La JEP argumenta que para ellos es importante garantizar los derechos de las víctimas y que por eso ven necesaria su participación en los escenarios judiciales que corresponde a sus casos cercanos. “En desarrollo del trámite de medidas cautelares, la Sección ha identificado un número importante de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, en hechos ocurridos especialmente durante los años 80 y 90″.

A las medidas que se refieren son a las que se tomaron hace unas semanas en el cementerio El Carmen en San Lorenzo (Caldas) cuando prohibió los entierros y exhumaciones afirmando que en ese lugar podrían reposar al menos 42 cuerpos desaparecidos de integrantes de la comunidad indígena de San Lorenzo. La JEP explicó que si se seguía con el funcionamiento normal del espacio se podrían afectar los datos de registro e información medico-legal que ahí permanecen.

Esta justicia dictó las medidas cautelares gracias a las solicitudes del Consejo Regional Indígena de Caldas, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), el Cabildo indígena de San Lorenzo y Equitas, tras reportar una serie de acciones en dicho cementerio que podrían afectar los datos sobre los cuerpos.

La información analizada por la Sección indica que podrían ser al menos 200 las presuntas víctimas de desaparición forzada en ese municipio, si se tiene en cuenta que el registro de las desaparecidas en el resguardo indígena de San Lorenzo da cuenta de 125 personas identificadas y 27 no identificadas; y que las inspecciones realizadas en toda el área de Riosucio por el Cuerpo de Bomberos reportan 240 personas con posible identidad y 148 no identificadas.

Según la información recogida por parte de los testimonios de las víctimas, las organizaciones, la Fiscalía General de la Nación, el Registro Nacional de Personas Desaparecida y el Centro de Memoria Histórica, hay varios actores como las extintas Farc-EP, específicamente el Frente 47 que operaba en la zona, integrantes de la fuerza pública, paramilitares y grupos armados no identificados.

Además de esto, acogiéndose al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición al que pertenece la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, esta última entidad se unirá al proceso para coordinar las acciones con la JEP.

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