Carolina Guerra desmintió a María Fernanda Cabal que tilda de peligroso el Acuerdo de Escazú

La actriz se despachó contra la senadora del Centro Democrático por criticar el acuerdo internacional que promueve la protección del medio ambiente.

La senadora María Fernanda Cabal inició una campaña en redes sociales en la que rechaza que Colombia se suscriba al Acuerdo de Escazú, un tratado internacional con una serie de protocolos para la protección del medio ambiente.

“El tratado de Escazú es peligroso porque significa la sesión de la soberanía a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia, la que nos quitó el área marítima alrededor de San Andrés y Providencia”, señaló Cabal.

Ante lo dicho por la senadora, la actriz Carolina Guerra respondió: FALSO María Fernanda Cabal. De la misma manera en que ya no existe la Unión Soviética, el Acuerdo De Escazú no implica ceder (si Mafe es con C, no con S) la soberanía de Colombia a organismos internacionales. Las reglas de derecho internacional público no cambian”.

La Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia presentó en octubre de 2020 una serie de mitos que se habían formado sobre este acuerdo. Principalmente sobre este tema que expuso Cabal, se consideró que con la ratificación del Acuerdo, las personas físicas o jurídicas, organizaciones nacionales o extranjeras sin ningún condicionante no podrán interferir en las decisiones sobre el ambiente en el país.

“Ninguna disposición del tratado cambia las reglas del derecho internacional público sobre los sujetos que pueden acudir a la jurisdicciones internacionales o nacionales. El artículo 2 incorpora la definición de público que se refiere a todas las personas naturales y jurídicas nacionales o sujetas a la jurisdicción del Estado. Concepto que, según el Acuerdo, se refiere a aquellas personas a quienes se les debe facilitar información, asistencia, orientación para el ejercicio de los derechos a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, sin restricciones o discriminaciones”, se lee.

También explican que es cierto que la mayorías de las provisiones del tratado están formuladas para “el público”, por lo que la pregunta por su definición es relevante, pero de ninguna manera la última frase de la norma citada otorga a ninguna persona u organización internacional o nacional ninguna prerrogativa ni privilegio. Además, el artículo 15 señala que la participación del público en la implementación del Acuerdo no está definida sino que serán los países en la primera COP quienes definan las reglas para esto, siempre que se asegure su derecho a participar.

“El Acuerdo no contempla una interferencia de personas naturales o jurídicas extranjeras en las decisiones sobre la protección del ambiente, en términos distintos a los de la legislación colombiana lo hace a través del ejercicio de acciones constitucionales y mucho menos en los escenarios internacionales a los que se refiere el artículo 19 del Acuerdo de Escazú”, como lo indicó Cabal.

Por otro lado, esa misma plataforma explicó que el Acuerdo de Escazú sigue la práctica internacional de los Acuerdos Multilaterales Ambientales en materia de solución de controversias, la única obligación para los Estados es esforzarse por resolverla por medio de la negociación o cualquier otro medio que los Estados consideren aceptable.

El artículo 19, sin embargo, deja libertad a aquellos Estados que voluntariamente lo deseen, de someterse a la Corte Internacional de Justicia y/o al arbitraje, si así lo decidieran de manera expresa. Pero para poder recurrir a cualquiera de estos medios, se requiere que ambas Partes hayan aceptado una o ambas por escrito al momento de firmar, ratificar o adherirse al tratado.

“En caso de que hayan aceptado ambas, prevalecerá la Corte, salvo que las Partes decidan otra cosa. En todo caso, se trata de la voluntad de los Estados, que tienen total libertad para elegir le mecanismo de solución de controversias que estimen conveniente. Este esquema es similar al de otros Acuerdos Multilaterales Ambientales con remisiones a la Corte Internacional de Justicia como el Convenio de Minamata (art. 25), Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que aplica al Acuerdo de París (art. 14), o el Convenio de Diversidad Biológica (art. 27)”, dijo en su momento la Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia.

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