Personería de Bogotá registra 31 personas que aún están desaparecidas en el marco del paro nacional

Este 2 de junio se reveló el informe “La Personería de Bogotá y el Ejercicio del Ministerio Público en garantía del Derecho a la Protesta Pacífica”. Allí se registran las actuaciones que se hicieron durante los primeros 34 días de manifestaciones en Bogotá, durante el paro nacional. Uno de los datos que más inquieta dentro del informe es que de las 109 personas reportadas como desaparecidas, de 31 no se sabe nada de su paradero.

En 36 páginas, el ente de control resume un balance de las protestas, lo que se hizo para que se garantizara el derecho a la movilización pacífica y las estrategias implementadas en la protección de los derechos humanos de los manifestantes.

El texto, al que tuvo acceso El Espectador, asegura que se realizaron asistencias entre el 28 de abril y el 31 de mayo en las URI para que se les garantizara el debido proceso; así como el acceso a la administración de justicia a quienes fueron capturados en su momento en las manifestaciones.

Según el documento, el Ministerio Público realizó 179 intervenciones donde la mayoría se llevaron a cabo en la localidad de Kennedy, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Engativá y Usaquén. Estas intervenciones buscaban verificar las condiciones de los detenidos.

En otro apartado del informe se entregan los datos de las personas que desaparecieron en situación de violencia durante el paro. Estos números se consiguieron con el apoyo de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, la Policía, la Dirección de Investigación Criminal y la Dirección Seccional de Fiscalías de la capital.

Determinaron que hay 109 casos de personas desaparecidas, de las cuales no hay información del paradero de 31 y 78 ya fueron ubicadas.

Sobre los abusos de autoridad de la Policía Nacional, el texto dice que hay 100 casos que se pusieron en conocimiento de la Personería de Bogotá. Allí se registró que hubo detenciones arbitrarias, exceso en el uso de gases lacrimógenos, disparos contra los protestantes pacíficos y acosar y no permitir la presencia de defensores de derechos humanos.

Fue la localidad de Kennedy donde se presentaron más casos de represión con 22 denuncias. Por parte de las policías, ellos reportaron 17 casos de ataques de civiles.

El Ministerio Público de la capital hizo presencia en 153 Puntos de Mando Unificados, casi todos en Kennedy y Ciudad Bolívar. El informe no es público aún, pero la Personería presentará al Cabildo Distrital las cifras en los próximos días, anunció el diario.

El pasado 31 de mayo, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que advirtió a las autoridades de Cundinamarca sobre la presencia de grupos armados ilegales en el departamento. Según la entidad, los subversivos están realizando acciones ilegales desde Bogotá y otros 12 municipios aledaños a la capital colombiana.

“La población que se encuentra en potencial riesgo habita o realiza actividades en los sectores identificados en la descripción del escenario, esto es, diez (10) localidades de Bogotá D.C. y doce (12) municipios del departamento de Cundinamarca. Sobre esta conurbación se disponen dos (2) corredores de movilidad utilizados por grupos armados ilegales para dinamizar economías ilegales, entre otras fuentes de financiación, a partir de la comisión de delitos de alto impacto que afectan las comunidades que se asientan en estos territorios”, se lee en la alerta emitida por la Defensoría.

Según la entidad, de las 22 localidades que hay en Bogotá, los subversivos estarían haciendo presencia en diez: Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén. Además, los municipios que también se ven perjudicados por el hecho son Soacha, Sibaté, Mosquera, Funza, Cota, Chía, Sopó, La Calera, Guasca, Choachí, Ubaque y Chipaque.

Al día siguiente de esta alerta, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, reaccionó de manera sorpresiva afirmando que, “Tenemos una gran preocupación, una gran extrañeza en entender cómo se pueden evidenciar esas alertas en un departamento sin que ninguna otra entidad u organismo que hace presencia lo haya detectado”.

Así mismo, explicó que Cundinamarca es el primer departamento del país libre de presencia de grupos al margen de la ley y de cultivos ilícitos, desde hace muchos años gracias al trabajo de muchos cundinamarqueses y de muchas fuerzas vivas del departamento”.

Ante las criticas del mandatario departamental, la Defensoría expresó este miércoles que esta alerta es de prevención y por eso en 10 días tiene que tener un plan de acción que minimice los riesgos para la población civil.

“Nosotros le explicamos al gobernador que hay una tercerización de bandas criminales, que como no levantar la mano como Defensoría para advertir que de no darse las condiciones y de no trabajar en un plan de choque que pueda prevenir la presencia de estos actores la población civil es la que se afectará”.

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