Consejo de Estado ha recibido más de 25 tutelas para suspender asistencia militar en el marco del paro

El descontento por el decreto 575 del 2021, en el que se ordena la militarización de algunas zonas del país para “controlar el orden público en medio de las protestas”, es tan grande que ha motivado a ciudadanos y colectivos a tutelar la normativa. Hasta este miércoles 2 de junio, el Consejo de Estado ha recibido al menos 25 tutelas pidiendo que se suspenda la asistencia militar en el país y se proteja el derecho a la protesta pacífica.

En general, las tutelas denuncian que la fuerza pública colombiana ha violentado a los manifestantes que participan del paro nacional, que ya completa 36 días. Se apoyan en cifras de organizaciones de derechos humanos como Temblores ONG que dicen que desde las 6:00 a. m. del 28 de abril hasta las 12:00 p. m. del 31 de mayo se han presentado 3789 casos de violencia policial. En esa cifra se incluyen detenciones arbitrarias, disparos de arma de fuego, heridos por armas supuestamente no letales y homicidios.

Teniendo eso en cuenta, en las tutelas se solicita que el presidente Iván Duque ofrezca disculpas públicas al país por militarizar las áreas urbanas y violar los derechos humanos de la ciudadanía. Además, se pide que los miembros de la fuerza pública, principalmente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), no usen armas letales y traumáticas argumentando que no es nada proporcional atacar a civiles desarmados.

De hecho, se conoció que una de estas tutelas fue radicada en Cali, y no es solo en contra del Gobierno nacional, sino también del departamento del Valle del Cauca, la Alcaldía de Santiago de Cali, la Policía Nacional y el Comandante General de las Fuerzas Militares. Según información revelada en RCN Radio, en la acción legal se lee que se pide que el Consejo de Estado ordene “la suspensión inmediata de la figura de “Asistencia Militar” y de la intervención del Esmad o cualquier autoridad militar o policial similar en todas las manifestaciones que se adelanten a nivel nacional”.

Cabe recordar que, la militarización del país también ha sido denunciada por organismos internacionales de derechos humanos nacionales e internacionales, que afirman que en el decreto no hay claridad sobre el uso proporcional de la fuerza y tampoco se prioriza la mediación o el diálogo con los manifestantes.

“Coordinar con las autoridades militares y de Policía del departamento la asistencia militar de que trata el artículo 170 de la ley 180 de 2016. Los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto, serán sujetos de sanciones a que haya lugar”, señala el decreto sobre la puesta en marcha de la militarización en Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, así como en las ciudades de Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva.

Una de las primeras críticas contra el decreto provino de José Miguel Vivanco, director de la organización Human Right Watch para las Américas, quien sostuvo que la normativa no garantiza los Derechos Humanos, ni el uso proporcional de la fuerza de los militares, así como tampoco busca la mediación.

“Las órdenes dictadas no incluyen ninguna referencia explícita a priorizar el diálogo, evitar la fuerza excesiva y respetar los Derechos Humanos. Grave falencia que puede tener consecuencias irreparables”, dijo Vivanco.

Aunque no se conoce un pronunciamiento directo acerca de las tutelas por parte de las autoridades nacionales, el gobierno Duque lleva semanas asegurando que en el país sí se respeta la protesta y que la asistencia militar es para garantizar la seguridad en los lugares donde se presentan actos vandálicos. Además, los uniformados apoyarán el proceso de desbloqueo de vías para así evitar el desabastecimiento en el país.

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