CIDH: en más de 1.000 manifestaciones en Colombia se ha presentado uso ilegítimo de la fuerza

La CIDH no aceptó la respuesta de la canciller Marta Lucía Ramírez y solicitó al país honrar las obligaciones internacionales para permitir el ingreso de una misión de ese órgano al territorio nacional, debido a las violaciones a los derechos humanos que ha registrado en medio de las manifestaciones del Paro Nacional.

La CIDH había informado la respuesta de la vicepresidenta Ramírez a la solicitud de ingreso de una misión de trabajo en el país, la que negó la visita y solicitó posponer el viaje hasta el 29 de junio, dos meses después del inicio del Paro Nacional que ya completa 28 días de manifestaciones continuas.

Sin embargo, horas después de comunicar esa decisión del gobierno colombiano, la Comisión Interamericana emitió otro comunicado, más profundo, en el que condenó las violaciones a los derechos humanos en el contexto nacional y expuso las razones por las que consideran urgente la visita de trabajo.

“La Comisión resalta que en al menos 1.038 manifestaciones se habrían presentado casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza. Estos hechos se han registrado, especialmente, en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Popayán y Yumbo, y han tenido afectaciones particulares en los pueblos indígenas, las mujeres y las personas afrodescendientes”, señaló el organismo.

La CIDH reiteró su “extrema preocupación” sobre las cifras de muertes violentas relacionadas con las manifestaciones, 41 que registra la Fiscalía, de las cuales 17 se produjeron en medio de las protestas; mientras que las organizaciones sociales han documentado 51. En el comunicado resaltaron los casos de Lucas Villa, en Pereira; Sebastián Quintero en Popayán y Jhon Erik Larrahondo en Cali.

“La Comisión Interamericana encuentra extremadamente grave las denuncias sobre 132 personas que permanecen desaparecidas y respecto de las cuales la Fiscalía General de la Nación mantiene activado el mecanismo de búsqueda urgente. Resulta alarmante que con el correr de los días estas personas continúan desaparecidas, máxime cuando algunas de las 276 que habrían sido reportadas como desaparecidas aparecieron sin vida, como el líder Cristian Torres, el 14 de mayo en la ciudad de Leiva, Nariño”, señaló.

Para la Comisión hay al menos 87 denuncias de violencia sexual ocurridas presuntamente por miembros de la fuerza pública, como el caso de la menor que habría sido agredida por seis agentes en Popayán y posteriormente se suicidó. “Igualmente, condena el hecho de violencia sexual que habría sufrido una agente de la fuerza pública dentro de una estación de policía vandalizada en la ciudad de Cali el 29 de abril”.

Así mismo, la Comisión resaltó que 939 personas han resultado heridas en medio de las manifestaciones, entre ellos 33 con lesiones oculares. “De acuerdo a lo informado, se estarían utilizando armamentos antidisturbios por parte de la policía que generan impactos indiscriminados en contra de las protestas mayoritariamente pacíficas, como es el caso del lanzacohetes Venom”.

La CIDH señaló como “extremadamente grave” la participación de civiles armados en contra de las protestas, como el caso de Cali cuando el pasado 9 de mayo arremetieron a tiros en contra de la Minga Indígena.

Así mismo, rechazó la muerte de dos policías en medio del Paro Nacional, los 966 heridos de esa institución, así como las quemaduras que provocó una bomba incendiaria contra dos uniformados.

“La Comisión Interamericana recuerda que el derecho de reunión reviste gran importancia para el funcionamiento de la democracia y resalta que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones indiscriminadas”, aclaró el organismo.

La Comisión reiteró que debe haber cierto nivel de tolerancia a la perturbación que generan las manifestaciones a la movilidad y el comercio. Así mismo, que la dispersión de concentraciones de protesta debe hacerse en casos excepcionales, con autorización expresa, y solo cuando haya un riesgo grave para la vida o la integridad de las personas.

“Por último, la CIDH reitera la importancia de realizar una visita de trabajo para contar con todos los elementos que le permitan valorar la situación de derechos humanos de manera objetiva con el fin de formular recomendaciones al Estado”, puntualizó la Comisión.

El organismo advirtió que cualquier denuncia de posible desaparición debe activar una investigación inmediata, seria, y sin dilaciones. Así como en casos de afectación de otros derechos como la provisión de alimentos, se debe extremar las posibilidades de diálogo para destrabar las vías.