“Se perdieron entrevistas a niños abusados sexualmente”: Francisco Barbosa denuncia los daños que dejaron protestas en Popayán

La Fiscalía, Medicina Legal y la URI fueron quemadas ese viernes tras la denuncia de una menor que señaló haber sido agredida sexualmente.

Un vehículo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía arde en llamas dentro de una estación de policía durante una protesta contra el exceso de fuerza y las agresiones sexuales de la policía en Popayán, Colombia, 14 de mayo, 2021. REUTERS/Julián Moreno NO REVENTAS. NO ARCHIVOS
Un vehículo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía arde en llamas dentro de una estación de policía durante una protesta contra el exceso de fuerza y las agresiones sexuales de la policía en Popayán, Colombia, 14 de mayo, 2021. REUTERS/Julián Moreno NO REVENTAS. NO ARCHIVOS

El pasado 14 de mayo Popayán fue centro de las protestas en Colombia tras la denuncia de presunta agresión sexual contra una menor de edad de 17 años en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la capital del Cauca que la habría llevado a quitarse la vida.

Esa noche se quemó esa sede junto con la de Medicina Legal y la de la Fiscalía General de la Nación, hecho que no dejó perdidas mortales pero sí afectó los archivos y expedientes que se mantenían ahí, entre ellos los de entrevistas que se le había hecho a niños y niñas víctimas de violencia sexual, afirmó Francisco Barbosa, fiscal general de la nación en reunión con Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión ONU en Colombia y representante Especial del Secretario General.

“En Popayán perdimos los registros de las entrevistas que se le habían hecho a los niños accedidos carnalmente desde el año 2010, todo fue quemado por este grupo de personas”, señaló el alto funcionario. Por estos hechos contra las instituciones tienen ocho líneas de investigación abiertas, contó Barbosa. “Hemos esclarecido 4 homicidios, en 3 hemos imputado a miembros de la Policía Nacional”, y señaló que las manifestaciones “han estado marcadas” por actos de terrorismo, violencia que califica como inadmisibles.

Esa noche en Popayán murió violentamente el joven Sebastián Quintero Múnera, de 23 años. Al parecer un gas lacrimógeno le habría perforado el cuello según se ve en los videos previos a su muerte. Barbosa indicó que dadas las afectaciones a la sede de Medicina Legal, no tenían a donde remitirlo para hacerle los exámenes médico-forenses.

El fiscal dijo que 261 personas han sido ubicadas en el marco de las protestas y que siguen en la búsqueda de otras 134. También dijo que se han esclarecido 4 muertes, de las cuales 3 son relacionadas con la Fuerza Pública.

Por ahora, no se conoce tampoco el dictamen de Medicina Legal sobre la joven que se habría quitado la vida el 13 de mayo tras los hechos que habrían ocurrido en la URI. La joven escribió en su perfil de Facebook que los uniformados le habían tocado “hasta el alma”.

“Frente al caso de la menor de edad fallecida cuya denuncia se hizo pública ayer, la Fiscalía envió dos fiscales a esta ciudad. Una de ellas experta en temas de género y con enfoque de niños, niñas y adolescentes, así como un equipo de Medicina Legal que recuperó la evidencia biológica para realizar y esclarecer lo denunciado por la comunidad. Así mismo, se ordenó una autopsia psicológica con el fin de determinar el contexto en el que ocurrieron los hechos”, dijo el fiscal general sobre la investigación.

Por ahora los implicados y presuntos agresores fueron suspendidos de sus actividades para adelantar el proceso de manera clara. También la Procuraduría abrió una investigación preliminar para determinar si los cuatro señalados deben o no ser investigados formalmente por los hechos, de acuerdo al material probatorio. Con esto podrían recibir, además de lo que determine la Fiscalía en materia penal, una sanción disciplinaria por parte del Ministerio Público. Por ahora no hay nueva información sobre el avance de estas investigaciones.

Por otro lado, en 20.000 millones de pesos estimó Francisco Barbosa los daños que sufrieron las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y de la sede de Medicina Legal de Popayán (Cauca), tras los disturbios.

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