No pasan de primer debate: así van los proyectos de ley para reformar la Policía Nacional

Durante las primeras dos semanas de manifestaciones del Paro Nacional, la ONG Temblores registró más de 2.110 casos de violencia policial.

Mujeres salieron a las calles de Bogotá para manifestarse en contra de los abusos de género por parte de la fuerza pública en el marco del paro nacional. Colombia completa diecisiete días continuos de protestas. (Colprensa - Camila Díaz)
Mujeres salieron a las calles de Bogotá para manifestarse en contra de los abusos de género por parte de la fuerza pública en el marco del paro nacional. Colombia completa diecisiete días continuos de protestas. (Colprensa - Camila Díaz)

Desde las manifestaciones de los últimos años, varios sectores sociales han solicitado reforma a la Policía Nacional, en especial respecto a los protocolos de intervención de las protestas. Una solicitud que se ha reiterado durante el actual Paro Nacional, cuando se investiga la muerte de entre 24 y 43 civiles en medio de los desmanes y la Fuerza Pública.

Son al menos seis iniciativas las que hacen tránsito en el Congreso de la República que pretenden modificar disposiciones de la Policía Nacional, especialmente relacionadas con el fortalecimiento del carácter cívico de ese cuerpo de seguridad y regular el uso de la fuerza para evitar situaciones violatorias de los derechos humanos en la intervención de manifestaciones.

Los llamados recientes provienen del Paro Nacional de 2019 cuando un disparo de un agente del ESMAD le causó la muerte a Dylan Cruz el 21 de noviembre y se incrementaron tras las manifestaciones del 9 y 10 de septiembre en el 2020, cuando 13 personas fallecieron en Bogotá aparentemente por disparos de la Policía.

Desde esa noche mortal que inició con la muerte a manos de dos agentes de la Policía de Javier Ordóñez, se anunciaron reformas a la Policía. Según el presidente Iván Duque, ese proyecto por parte del Gobierno nacional, ya fue presentado al Congreso de la República.

Según dijo el mandatario en entrevista con Noticias Caracol, la iniciativa contempla el cambio de uniforme para los miembros de la institución, con el fin de hacer más visibles los números de identificación, abordar el bodycamera en cada uniformado, y establecer el control de manejo de armas y balística, como sucede en Bogotá, con formatos que debe llenar cada agente.

El mandatario también dijo a ese informativo que también se busca “elevar cada vez más el estándar en materia de derechos humanos y en la interacción con el ciudadano”. Afirmó que la institución protege a las personas en las calles, pero también investiga y sanciona cuando suceden situaciones excesivas.

En el Congreso de la República también se radicaron desde el año 2020 varios proyectos para reformar la institución, la mayoría de autoría de las bancadas de oposición, pero ninguna supera el segundo debate.

El proyecto de ley 038 de 2020 busca establece que el uso de la fuerza tiene un carácter excepcional y solo podrá emplearse cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de manera alguna el logro del resultado previsto. De esa forma, los miembros de la Policía o del ESMAD solamente podrán usar la fuerza legítima cuando sea estrictamente necesario para prevenir daños inminentes o graves a la vida del personal de Policía o de terceros, y en la medida que se requiera, por grave alteración del orden público.

Ese proyecto también busca exhortar a los uniformados a identificarse en todo momento y anunciar el empleo de la fuerza en alteraciones del orden público. Prohíbe el uso de lenguaje humillante a los detenidos, así como busca eliminar el uso de proyectiles cinéticos, la escopeta calibre 12, el lanzamiento directo contra manifestantes y el porte de armas de fuego en manifestaciones.

La iniciativa es de autoría de María José Pizarro, Iván Cepeda y Antonio Sanguino, fue presentada el 20 de julio de 2020, al inicio de la legislatura, pero se encuentra a la espera del primer debate después de la presentación de la primera ponencia. Tiene una negativa en contra para esa primera discusión.

El proyecto de ley 319 de 2020 fue construido por la mayoría de la bancada de oposición del Congreso y busca fortalecer el carácter cívico de la Policía. Así mismo, busca prohibir y regular tácticas y procedimientos policiales agresivos, la utilización de armas de fuego, la tortura y los tratos crueles. Establece lineamientos para la formación de los miembros de la Policía Nacional, crea una comisión de expertos para reestructurar y transformar la Policía Nacional, y otra para fortalecer las relaciones entre la ciudadanía y la institución.

El texto que fue radicado en octubre de 2020, se encuentra, según la Secretaría del Senado, a la espera de ponencia para primer debate, por lo que hasta el momento no ha dado trámite en la Comisión Primera.

Proyecto de ley 411 de 2020, esta es otra de las iniciativas que se encuentran a la espera de ser discutidas en el Congreso. La propuesta está enfocada directamente en “dictar las medidas para prevenir y sancionar los abusos en la actividad de policía”, en garantías de las disposiciones de la Constitución Política, la ONU y los tratados internacionales sobre la fuerza.

Esa iniciativa busca limitar el uso de la fuerza de la Policía. Prohíbe la maniobra de estrangulamiento, limita el uso del bolillo o tonfa para casos excepcionales de legítima defensa y nunca para golpear la cabeza, las armas cinéticas no podrán ser usadas en manifestaciones y los dispositivos de control eléctrico solo podrán emplearse en defensa propia de los uniformados.

Ese proyecto, que cuenta también con un amplio apoyo de congresistas de la oposición, de autoría del representante Inti Asprilla, también implementa la cátedra en uso de la fuerza. Tuvo una aprobación mayoritaria en el primer debate y se encuentra a la espera del debate de la ponencia, con una negativa, también, en contra.

El proyecto 146 de 2020, presentado por Iván Cepeda y Antonio Sanguino, busca modificar los lineamientos para el ascenso de militares y miembros de la Policía, como una forma de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos al interior de la Fuerza Pública.

Ese proyecto busca establecer una evaluación de integridad a la carrera militar y policial, así como en las actuaciones, con el fin de determinar el cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, ética militar y policial y conducta profesional.

Se propone depuración de los miembros de la fuerza pública y suspensión de ascensos para aquellos vinculados con investigaciones de violación de derechos humanos, así como un control ciudadano al sistema de ascensos. Esa iniciativa, al igual que las anteriores, se encuentra pendiente de discutir ponencia para primer debate en el Senado.

La representante María José Pizarro, quien participa de varias de esas iniciativas, cuestionó el bajo trámite legislativo de los proyectos que no han logrado superar la primera etapa de debate, y que pese a la situación del país no han sido priorizados.

Quienes hemos venido insistiendo a través de denuncias, debates de control político y proyectos de ley, hacemos un llamado urgente al Gobierno y al Congreso de República para priorizar la inminente necesidad de transformar la Fuerza Pública en la agenda legislativa y del país, necesitamos de su voluntad política”, puntualizó.

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