“Los policías ven que hay muy poca probabilidad de ser investigados o castigados”: expertos hablan sobre impunidad en los crímenes del 9S hasta el Paro Nacional

La muerte del abogado Javier Ordoñez, a manos de la Policía Nacional, en Bogotá, causó la indignación de ciudadanos que salieron a las calles a manifestarse, el pasado 9 de septiembre del 2020. Un video que circuló en redes sociales en donde se veía a Ordoñez sometido por uniformados de esa institución, en el piso, mientras lo agredían con pistolas eléctricas, y la posterior divulgación del informe forense de las lesiones que tuvo el abogado en su cuerpo como consecuencia de una paliza por parte de los patrulleros, hizo que las calles de la capital fueran escenario, durante casi dos semanas, de desmanes en los que, de nuevo, los policías fueron protagonistas al ser señalados por presuntos abusos de su fuerza en contra de los ciudadanos. En un informe especial, Noticias Caracol habló con abogados y familiares de las víctimas que aseguran que existe impunidad sobre sus casos, y que eso ha permitido que la violencia por parte de la institución perpetúe.

Desde el pasado 28 de abril, Colombia se encuentra en paro. La imposición de una reforma tributaria sacó a los ciudadanos de sus casas, aún con la amenaza latente del coronavirus. El proyecto de la reforma se cayó, sin embargo, las protestas continúan, y hoy se completan 19 días del estallido social. Aunque las cifras de víctimas mortales no son exactas, debido a los diferentes reportes que han salido a la luz, la fuerza pública es la principal señalada, por parte de la ciudadanía, de ser la responsable de la mayoría de esos casos.

Juan David Laverde, encargado de la investigación, dejó ver como el informe de lo ocurrido en las manifestaciones de septiembre todavía está sin resolver, y cómo todavía, casi ocho meses después, no se han esclarecido las muertes de algunos ciudadanos víctimas, presuntamente, de la Policía: En total, se hablaría de 13 personas fallecidas, supuestamente, en manos de la autoridad.

“Es evidente que en el caso del 9 de septiembre, y como en otros crímenes de Estado, existe un pacto de silencio que generalmente es antecedido de órdenes por parte de altos oficiales y funcionarios de Gobierno”, expresó el abogado de las víctimas del 9S, Juan Felipe Sánchez, para los micrófonos del informativo. El noticiero recordó que, hasta el momento, solo hay cuatro policías imputados por las muertes de Andrés Felipe Rodríguez, Jaider Alexander Fonseca, Angie Paola Baquero y Germán Smyth Puentes.

En el informe de 17 páginas, al que tuvo acceso el periodista, se lee como, aunque algunos patrulleros aseguran haber visto a sus compañeros disparar en contra de los manifestantes, los testimonios de los policías involucrados aseguran que el uso de sus armas se hizo de manera justificada, pues, estaban tratando de defender su integridad física. Ante la denuncia ciudadana de la falta de identificación en la chaqueta de algunos policías, como se informó desde el barrio El Verbenal, en donde se vivió una de las jornadas más complejas del 9S, los policías aseguraron que era para cuidar la ropa, pues, según ellos, los manifestantes les lanzaban pintura o líquidos que los ensuciaba. Así mismo, aseguraron que se las quitaron para evitar ser ‘tan visibles’, y evitar agresiones en su contra.

Otro de los datos que revela el informe, y que comentó Laverde en su explicación, tiene que ver con policías que aseguraron que aunque no había accionado sus armas de fuego, sí reportaron pérdidas de balas.

En la investigación, además, hay 5.952 archivos de audio en donde se escucha, entre otras cosas, que cerca de las 7:00 de la tarde del 9 de septiembre, sin conocer la identidad de quien dio la orden, se le solicita a los policías retirarse los reflectivos de su ropa, y apagar las balizas (luces de policía). También se escucha cómo les piden a los uniformados retirarse en caso de ‘no dar abasto’, y la orden de no usar sus armas de fuego, luego de que se reporta a un ciudadano herido en el pecho.

Los audios, revelados por Laverde, señalan como otro uniformado, del que también se desconoce su identidad. asegura, “los que estamos acá en Verbenal, cuidado con el uso de la fuerza, mucho celular grabando desde los conjuntos”.

El extenso informe sobre el caso, sin embargo, no ha resultado productivo o concluso para las familias de otras víctimas y, según ellas, y sus abogados, la impunidad de situaciones como estas extienden la violencia y los presuntos abusos de poder de la policía, incluso para estos días de paro nacional. Adam Isacson, experto consultado por Laverde para el noticiero, y quien ejerce como director para la Veeduría de defensa de WOLA (la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), fue enfático en resaltar que, “cada vez que hay escándalos por asesinatos u otro abusos en contextos de manifestaciones, la justicia no anda. Entonces los policías ven que hay muy poca probabilidad de ser investigados o castigados por cometer excesos, o desmanes, o abusos. Eso crea su propio incentivo”.

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