Embargan cuentas de la Alcaldía de Santa Marta por deuda de más de 13 mil millones de pesos con un hospital

La alcaldía condenó los hechos y los calificó como inauditos, irresponsables, inhumanos, e inconstitucionales, pues todavía quedan obligaciones económicos por cumplir en plena pandemia de coronavirus.

De acuerdo con la Superintendencia, la obligación asciende a más de 13′600,000.000 de pesos. (Colprensa - Mauricio Alvarado)
De acuerdo con la Superintendencia, la obligación asciende a más de 13′600,000.000 de pesos. (Colprensa - Mauricio Alvarado)

Las cuentas bancarias de la Alcaldía de Santa Marta fueron embargadas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, debido a la deuda que mantiene esa entidad con el Hospital Departamental del Magdalena Julio Méndez Barreneche. De acuerdo con la Superintendencia, la obligación de la Alcaldía asciende a más de 13′600,000.000 de pesos. Ese centro médico, según informó Noticias Caracol, es el único de tercer nivel del departamento.

El Centro Asistencial. a través de un comunicado, informó que a la fecha “la Alcaldía adeuda la suma de 13.638 millones de pesos por concepto de servicios de salud prestados a la población pobre, vulnerable y migrante”.

El aviso de embargo llegó a la alcaldía hace cuatro meses, según reportó ese medio de comunicación nacional, sin embargo, hasta hace unas horas se congelaron las cuentas bancarias del distrito. La decisión llegó, de acuerdo con la explicación ofrecida por medios locales, como única alternativa para que se pague la millonaria suma que requiere la obligación con el hospital. Ese dinero cubre gastos esenciales como el pago de salarios del personal de la salud, la compra de medicamentos, y el mantenimiento de las instalaciones del establecimiento.

“Este hospital inició el cobro coactivo mediante mandamiento de pago el 8 de febrero del 2021, en aras de la protección de los servicios de salud de la población vulnerable, pobre y migrante a cargo del distrito de Santa Marta (...) previo al embargo adelantamos los trámites de cobro correspondientes para el pago de las facturas adeudadas por el distrito, sin tener respuesta alguna. Esta medida se toma como garantía para obtener el pago de dicha acreencia”, dijo Óscar Gálves, gerente interventor del hospital Julio Méndez Barreneche, en testimonios recopilados por el informativo.

Gálves, además, explicó que el hospital se encuentra en medio de un momento complejo en cuanto a sus finanzas y que la alcaldía “hizo caso omiso a los cobros hechos”. “No significa que esos dineros se encuentran a disposición del hospital, dichos recursos a la fecha están congelados en cada una de las cuentas bancarias afectadas. Es importante aclarar que la institución necesita superar la crisis financiera”, señaló.

En contra respuesta a la decisión tomada por la Superintendencia Nacional de Salud, y tras los alegatos de las directivas del centro médico, la alcaldesa Virna Jhonson aseguró que el embargo a las cuentas bancarias del distrito perjudican, y que la falta de pagos se debe a que necesitan más apoyo de la nación. Jhonson decidió denunciar el embargo ante diferentes entes de control para tratar de dar un giro a esa medida tomada por la Supersalud.

La explicación que otorgó la alcaldía, en su página oficial, señala que las factura adeudadas están bajo concepto de “la prestación de servicios de salud de urgencia a población vulnerable no asegurada, particularmente a los migrantes en condiciones de irregularidad”, por lo que ese dinero adeudado debe ser pagado con ayuda de aportes nacionales.

“El agente interventor, quien se obstina en su decisión de perjudicar a los samarios con el embargo de nuestras cuentas, sabe muy bien que saldar esa obligación requiere del aporte de la nación, que aún no ha girado los recursos necesarios (...) Radicamos una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación por presuntas faltas disciplinarias dentro del proceso de cobro coactivo seguido por el hospital”, aseguró la alcaldesa de Santa Marta que, además, calificó la determinación como “inaudita, irresponsable, inhumana, e inconstitucional”.

Así mismo, Jhonson aseguró que el congelamiento en las cuentas afecta la forma en la que el distrito debe asumir los gastos de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de coronavirus, “este embargo nos impide disponer de los recursos de destinación específica, que se necesitan con urgencia para avanzar en la ejecución de todos los programas de salud pública y del plan de vacunación para contrarrestar el contagio de la covid -19, por lo tanto pone en riesgo a la población”.


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