Exfuncionario de la Procuraduría irá a juicio por cobrar coimas para archivar casos

Jesús Alejandro Garzón, exfuncionario de la Contraloría, será acusado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de concusión porque, al parecer, exigió $300 millones de pesos al senador Richard Aguilar para ayudarle a archivar un proceso en segunda instancia que tenía este por un acto disciplinario en la entidad cuando era gobernador de Santander en 2012.

Con el escrito de acusación radicado, la Fiscalía establece también que Garzón le ayudó a un Policía identificado como Manuel Rondón Hormaza para que le reintegraran las prestaciones que dejó de recibir al ser suspendido por un proceso disciplinario. Según el ente acusador, el hombre habría cobrado $5 millones. Los cargos se le imputarán el próximo 26 de abril.

Garzón está recluido en la cárcel La Picota desde hace unas semanas por estos hechos de corrupciión. La decisión de enviarlo al centro penitenciario la tomó el juzgado 54 Penal del Circuito de Bogotá que tumbó una medida domiciliaria que se le había dado desde el pasado 27 de enero.

La Fiscal del caso presentó en las audiencias preliminares los audios que revelaron una conversación entre el funcionario capturado y el mayor de la Policía antes mencionado en la que coordinan la radicación del derecho de petición y la tutela, con la garantía de resolver a su favor las peticiones. La decisión fue detectada por el despacho del procurador general, Fernando Carrillo y la revocaron.

“En diciembre de 2019 el procurador general tuvo conocimiento de los presuntos hechos delictivos y como parte de la estrategia de transparencia y control interno, ordenó iniciar una verificación que contó con el apoyo investigativo del Área Anticorrupción de la Dijín (Dirección de Investigación Criminal e Interpol) de la Policía Nacional, y denunciar penalmente ante la Fiscalía Especializada contra la Corrupción”, señaló la Procuraduría en un comunicado en su momento. El hombre tenía un negocio ilegal montado en los fallos que resolvía el procurador general en segunda instancia.

Por otro lado, el próximo martes 27 de abril se realizará una audiencia de conciliación entre el abogado Felipe Jaramillo y la Fiscalía General de la Nación por la presunta participación de exfuncionarios de la entidad en la interceptación ilegal en las comunicaciones del abogado y su familia.

El abogado Jaramillo y la Fiscalía se sentarán a conciliar frente a la Procuraduría, luego de que el jurista demandara a la entidad por las presuntas interceptaciones ilegales realizadas en su contra por parte de exfuncionarios de la Fiscalía, desde la Sala Diamante.

Jaramillo y sus familiares tienen el objetivo de que con esta conciliación el ente investigador los indemnice por “chuzar”, supuestamente, sus comunicaciones de forma irregular que, según el abogado, fueron realizadas por el exfiscal especializado contra el crimen organizado Fabio Augusto Martínez Lugo y el excoordinador de la Sala Diamante, Luis Carlos Góngora.

Todo parece indicar que los dos exfuncionarios de la Fiscalía actuaron de esta manera por petición de Laude José Fernández Arrollo, quien figuraba como representante legal de la firma de espionaje empresarial BRG Consulting Colombia S.A.S..

Según información del periódico El Espectador la defensa de Jaramillo, Harold Hernández Albarracín, comentó que: “En este caso se utilizó fraudulentamente por parte de estos dos altos funcionarios la infraestructura tecnológica de la Fiscalía General de la Nación para vulnerarles derechos fundamentales como el de la intimidad al doctor Felipe Jaramillo y a su entorno familiar”.

Por su lado, Jaramillo explicó que “las labores de inteligencia se dieron dentro de un contrato que el Grupo de Energía de Bogotá, GEB, celebró con la firma de espionaje BRG por $285 millones”.

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