Autoridades aplican extinción de dominio a bienes que suman más de 13.600 millones de pesos por narcotráfico

Las extinciones de dominio son una práctica estatal que trata de tomar bienes del narcotráfico por comprobarse que fueron adquiridos bajo dineros ilegales. Últimamente se han descubierto varios predios alrededor del país que quedaron de la época álgida en Colombia, entre 1980 y 1990, y la encargada es la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, que recientemente adelantó algunas diligencias contra propiedades de narcos como cabecillas y testaferros.

Estas extinciones se hicieron en Boyacá, Antioquia, Caldas, Quindío y el Valle del Cauca y se adelantaron en compañía del Ejército Nacional y la Policía Nacional. Lo que lograron ocupar 58 bienes, entre ellos carros, establecimientos comerciales, sociedad, vehículos, inmuebles y otros elementos, todo esto sumando un valor de 13.600 millones de pesos, adquiridos con dineros provenientes de negocios “transnacionales” con la droga.

Algunos de estos les pertenecía a la estructura de los hermanos Calle Serna, alias ‘Los Comba’, entre los dueños de las propiedades, que ahora tienen medidas cautelares, está la pareja sentimental de Juan Carlos Rivera Ruiz, alias ‘Cero Seis’, exintegrante de dicha organización criminal. 25 inmuebles estaban en Cali y otros en municipios del Valle del Cauca.

Hace unos días, la Fiscalía General de la Nación ocupó con fines de extinción de dominio tres bienes que pertenecerían al excongresista Manuel Antonio Carebilla Cuellar, los cuales estarían a nombre de su compañera permanente y habrían sido adquiridos mientras se desempeñó como representante a la Cámara por Amazonas.

“La propiedades ubicadas en Bogotá habrían sido adquiridas mientras Carebilla Cuéllar se desempeñaba como representante a la Cámara por Amazonas, durante dos periodos consecutivos, entre 2006 y 2014″, señaló el ente acusador.

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ocupó los tres bienes, avaluados en más de 2.000 millones de pesos, en diligencias realizadas en la capital del país. Los inmuebles quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

Como afirmó la Fiscalía en noviembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia, señaló al suspendido gobernador del Amazonas como un “mercader” en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) cuando fue representante a la Cámara.

“Convirtió su equipo de trabajo en una empresa en la que aprovechó para manejar dinero que solo utilizó para su provecho”, así lo determinó el alto tribunal al hallarlo culpable de los delitos de peculado, cohecho impropio, falsedad ideológica en documento público agravada por el uso y concusión.

El exfuncionario fue condenado a una pena de 14 años 7 meses de cárcel, así como una multa de 648 salarios mínimos de multa y $611.437.246 por indemnización de perjuicios. De acuerdo con la decisión de la corte, el trabajo de Carebilla Cuéllar en el Congreso fue completamente contrario a sus deberes legislativos.

A inicios de abril se conoció que en su visita a los Estados Unidos, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, logró un acuerdo importante con las autoridades de dicho país al anunciar que trabajaría en línea conjunta con EE.UU. para confiscar y aplicar extinción de dominio a predios que estén en manos de los criminales.

“Con el propósito de poder detener a los criminales que están violando los derechos y las normas penales en ambos países y al mismo tiempo perseguir sus bienes, téngalos en Estados Unidos o en Colombia”, explicó Barbosa frente a la reunión que sostuvo con el departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y con el servicio Marshals (Usms, por sus siglas en inglés).

A esta idea está conectada la posibilidad de recibir a la Fiscalía de Colombia en Miami, Florida, para trabajar en pro de la identificación de delitos relacionados con el lavado de activos. A este viaje se unió el coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes; la delegada contra las Finanzas Criminales, Luz Ángela Bahamón y el director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, Alejandro Jiménez Ramírez.

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