Envían a la cárcel a cuatro indígenas que habrían abusado de dos mujeres

Los hechos habrían ocurrido en Arauca el pasado 28 de marzo.

Este 12 de abril se logró la captura y judicialización de cuatro personas del resguardo Puyero y Palma Real, ubicado en el municipio de Tame, Arauca. Los capturados están acusados de haber violado el pasado 28 de marzo a una mujer campesina y a su hija de seis años.

Los capturados e involucrados en el caso de violación son: Juan Méndez Becerra, alias el indio; William Macualo Álvarez, alias Macualo; Orlando Montañez Herrera, alias Morroco; y Javier Parada Méndez, alias Picure.

Los indígenas fueron imputados por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro simple agravado, tortura agravada, acceso carnal violento agravado, hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; este último, teniendo en cuenta que al momento de su detención se les incautaron dos escopetas calibre 22.

En audiencia, los detenidos no aceptaron los cargos y fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, por el juez primero penal municipal de Tame, con función de control de garantías.

Las labores investigativas dan cuenta de que el día del suceso, en la vereda La Hormiga del citado municipio araucano, estos hombres supuestamente llegaron a la residencia de las víctimas y las secuestraron por varias horas. En ese tiempo, al parecer los cuatro procesados torturaron y accedieron carnalmente a la mujer y a su hija; además de hurtarles sus pertenencias.

De acuerdo con la Fiscalía, en menos de quince días se lograron recaudar los elementos de prueba que evidenciarían la participación de los investigados en este hecho, así como su posible pertenencia a una banda delincuencial denominada Los Güios, dedicada al hurto en todas sus modalidades, afectando principalmente a los campesinos de la región y al gremio de los transportadores.

Se conoció también que los capturados estarían implicados en varios hurtos masivos a pasajeros a buses de una empresa de servicio intermunicipal de la zona.

En su momento se conoció que a la madre y a la menor se les prestó ayuda médica y psicológica en el hospital San Antonio. En el relato, la mujer contó que los sujetos se encontraban en estado de embriaguez y las obligaron a caminar por más de dos horas, además de cruzar el río Culebrero.

Este hecho indignó a los habitantes y el gobierno local, por lo que la Alcaldía de Tame pidió ayuda a las autoridades indígenas y ofreció una recompensa para quien ayudara a capturar a los violadores.

De acuerdo con el diario Extra, dos de los involucrados tienen procesos por homicidio e incluso se habla de que uno sería un prófugo de la ley, pues habría logrado escaparse en octubre de 2018 de la estación de policía de la zona. Los otros implicados también tienen cargos por hurtos, secuestros y atracos en fincas del área rural.

Según la autoridad, tal como reporta CM&, en 2020 se reportaron 15.359 casos de violencia sexual perpetrados a menores de edad. Eso quiere decir que, diariamente, se presentaron 42 casos de este delito en el país. Estos casos son más incidentes en niñas, las cuales registran 13.011 casos y cerca del 84% del total. Por otro lado, 2.304 varones fueron víctimas de este crimen.

De acuerdo con el reporte, la mayoría de los casos se concentran en menores entre los 10 y 14 años de edad, con 7.257 reportes. Le siguen entre 5 y 9 años, con 4.063 casos; de 15 a 17 años, con 2.316; y finalmente de 0 a 4 años, con 1.723 registros.

Según El Tiempo, la mayoría de victimarios son personas dentro del núcleo familiar. Entre los más incidentes, están los padrastros y padres de los menores, mostrando alta inseguridad al interior de los hogares colombianos.

Sin embargo, esta cifra se disminuyó con respecto a 2019. En el año anterior al último reporte, se presentaron 22.603 casos de este delito, para el cual 19.278 niñas fueron víctimas. En un porcentaje minoritario, 3.325 niños registraron casos de abuso a la autoridad.

Según el testimonio del presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, al medio televisivo, en este delito concurren circunstancias de agravación que podrían extender las penas entre 8 y 30 años de prisión.

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