Defensoría del Pueblo envía mensaje para cuidar los recursos hídricos y asegurar el acceso al agua de todos los colombianos

La entidad recordó que, según el Dane, hasta finales de 2019 más de dos millones de hogares en el país no disponían de acueducto.

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Fotografía de un reservorio de agua el 25 de febrero de 2020, en la hacienda Montecarlo, cercana al Parque Nacional Natural Chingaza del municipio de Guasca (Colombia). EFE/Camilo García/Archivo
Fotografía de un reservorio de agua el 25 de febrero de 2020, en la hacienda Montecarlo, cercana al Parque Nacional Natural Chingaza del municipio de Guasca (Colombia). EFE/Camilo García/Archivo

En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, la Defensoría del Pueblo envió un mensaje a los gobernantes y la ciudadanía en general de Colombia para preservar el recurso natural. Así mismo, recordó la importancia de preservar los bosques del país, pues solo de enero a octubre de 2020 en el país se deforestaron 75.000 hectáreas de vegetación, hecho que impacta fuertemente a los ecosistemas locales.

“En el Día Mundial del Agua hacemos un llamado a incrementar de manera urgente los esfuerzos de conservación de los ecosistemas estratégicos del país, así como luchar contra problemas que afectan nuestros recursos hídricos como la deforestación, la minería ilegal y la expansión de la frontera agrícola y ganadera”, dijo Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, a través de un comunicado de prensa.

Defensoría Colombia - Día del Agua

El no preservar las fuentes hídricas, el crecimiento acelerado de otros problemas medioambientales y otros hechos de tipo político y económico también afectan que las personas puedan acceder al agua.

En Colombia, según la más reciente Encuesta de Calidad de Vida, publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), hasta finales de 2019 más de dos millones de hogares no disponían de acueducto, de los cuales el 83 por ciento habitaban zonas rurales. Los departamentos con las coberturas más bajas en abastecimiento de agua son La Guajira, Guainía, Vaupés, San Andrés, Vichada, Amazonas, Chocó, Guaviare y Putumayo.

Teniendo en cuenta este panorama, la Defensoría del Pueblo aseguró que trabaja por la promoción y defensa del derecho fundamental al agua, reconocido por primera vez en 1977 por la Conferencia de Naciones Unidas (ONU). Así mismo, mencionó que en diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional se reconoce el acceso a este recurso como un derecho básico y vital.

“Este derecho implica que nadie puede ser privado de la cantidad suficiente y de buena calidad de agua para satisfacer sus necesidades básicas y preservar la vida y la salud. Por esto la Defensoría continuará adelantando su misión constitucional de incidir en las políticas públicas, desde un enfoque del derecho al agua, para proteger a las comunidades más vulnerables y defender los ríos y otros ecosistemas sujetos de derechos”, expresó la entidad.

La Defensoría recordó que los esfuerzos que adelanta también deben estar articulados a las acciones de los gobernantes nacionales y locales, por lo que les solicitó que prioricen la planeación e implementación del ordenamiento ambiental de sus territorios. Así mismo, reiteró la importancia de adelantar proyectos pedagógicos enfocados en el reconocimiento de la importancia y cuidado de las fuentes hídricas.

Creemos que los esfuerzos de conservación de las fuentes de agua deben contemplar tanto los aspectos técnicos, como la visión de las comunidades. Y es fundamental la generación de estrategias que permitan eliminar las amenazas que se ciernen sobre los páramos, bosques y selvas del país”, sostuvo Camargo.

Dentro de este punto también se destaca la importancia de implementar mecanismos de protección para los líderes sociales y ambientales, quienes son violentados frecuentemente en el país.

Según el último informe de la organización internacional Global Witness, más de la mitad de los asesinatos de defensores medioambientales reportados el año pasado ocurrieron en dos países: Colombia y Filipinas. Cabe resaltar que, el país suramericano se lleva el primer puesto en este lamentable ranking.

Los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han aumentado desde 2018, y la organización se lo atribuye a la dificultad que existe en la nación para implementar los Acuerdos Finales de Paz en las zonas rurales. Solo durante 2019 en Colombia asesinaron a 64 activistas de la naturaleza, cifra que según Global Witness es la más alta registrada en el país.

“La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado varias razones por las que la ola de violencia ha incrementado, entre ellas, los desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, incluyendo la reforma agraria y los programas para incentivar el cambio de cultivos ilegales a cosechas legales. Los movimientos resultantes de las dinámicas de poder interno están impulsando una mayor violencia”, se lee en el informe de la entidad.

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