“Yo no sería capaz de portar un arma, pero tengo amigos que sí”: Maria Fernanda Cabal

La congresista María Fernanda Cabal junto con el representante a la Cámara Christian Garcés, radicaron un proyecto de ley con el que se pretenden eliminar la figura especial del porte de armas, adoptada en el Gobierno de Juan Manuel Santos y así permitir que los ciudadanos puedan ejercer justicia a mano propia.

La senadora argumentó que, la ley de Santos, redujo a los colombianos la posibilidad de protegerse con el poder disuasorio de las armas amparadas por el Estado. Según ella, solo el 5 % de quienes portaban armas (unas 400.000 personas) podían hacer uso del salvoconducto, “porque además de todos tienen que pagar impuestos y no pueden usar el arma, ¿increíble, no es cierto?”, señaló.

Según ella:

Una de las cifras dadas por Cabal es que el 99 % de los homicidios en Colombia fueron perpetrados con armas ilegales. “Quien delinque sabe que no lo hace con un arma legal y que el otro está desprotegido. El problema no son las armas en sí, sino quién las usa”, añadió.

Razón por la que argumentó, que es necesario que las personas puedan portar libremente armas y así defenderse de los ladrones. Esta mañana, en un debate en Noticias Caracol, la congresista defendió su posición frente al tema, pero aseguró que ella nunca portaría un arma.

La congresista indicó que la decisión tendría que ser personal, pero que cada ciudadano debería tener el derecho a escoger si quiere llevar un arma consigo para defender su vida.

En el debate, los argumentos de Cabal fueron refutados por el concejal de la Alianza Verde Julián Espinosa, el funcionario le aseguró que es una idea absurda pensar en armar a los colombianos, sabiendo el nivel de violencia que se vive en el país. Además le dijo a la mujer que su propuesta consiste en reducir la funcionalidad de la Policía.

Sin embargo, Cabal le respondió diciendo que en Colombia “lo que mata” son las armas ilegales no quienes cuentan con salvo conducto.

La idea es que de ahora en adelante, el Gobierno no suspenda el porte masivamente, sino que se recupere el acceso que ya se tenía al porte ilegal, con los debidos requerimientos, y se consideren los casos de riesgo de manera individual.

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