A la cárcel, un inspector y dos dragoneantes del INPEC por narcotráfico en centros penitenciarios de Medellín

Por medio de un comunicado, el ente judicial confirmó que dictó medida de aseguramiento intramural en contra de tres servidores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, como presuntos responsables de traficar estupefacientes en varias cárceles del Distrito Judicial de Medellín.

Según la información oficial, se trata del inspector Jhon Carlos Ruiz Parra y los dragoneantes Víctor Orlando Román Reyes y Dany Yamid Cano Ibarra, a quienes les fueron imputados los delitos de tráfico de estupefacientes, constreñimiento para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público.

Dicha decisión, fue tomada por el Juzgado 30 Penal Municipal de Medellín quien impuso medida no privativa de la libertad al auxiliar bachiller Sergio Cadavid Muñoz, pues de acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), los servidores públicos se habrían aliado con varios internos de la cárcel El Pedregal de Medellín para ingresar marihuana y cocaína, las cuales eran comercializadas en ese centro penitenciario.

El Cuerpo Técnico de Investigación CTI estableció que en solo 10 días de junio de 2020, habrían logrado ingresar al mencionado penal 37 kilos de marihuana y 1.7 kilos de cocaína. Asimismo, los investigadores determinaron que los estupefacientes eran lanzados en horas de la madrugada desde las afueras del centro carcelario, para luego ser recogido y almacenado por personal de seguridad y vigilancia, quien al parecer lo comercializaba entre los presos.

Además, se evidenció además que en algunas ocasiones la red criminal habría amenazado a algunos auxiliares bachilleres del Inpec para que colaboraran con sus actividades ilícitas.

Ruiz Parra, Román Reyes y Cano Ibarra serán recluidos en una cárcel de Ibagué, departamento de Tolima, mientras avanza la investigación. La defensa apeló la decisión de primera instancia ante los Jueces Penales del Circuito.

Declaración de la directora Seccional Medellín, Natalia Rendón:

En otros noticias respecto al narcotráfico, en las últimas horas la Fiscalía reportó la captura de tres supuestos integrantes de una organización, entre ellos un funcionario de la DIAN y un operador de montacargas del puerto de Buenaventura, quienes se dedicaban a garantizar el envío de cargamentos de cocaína hacia países de Europa y Centroamérica.

Las investigaciones dan cuenta de que estas personas, al parecer, adquirían el estupefaciente en Cauca y lo trasladaban a viviendas en Buenaventura (Valle del Cauca).

Posteriormente, con la intervención de enlaces que tenían en el puerto, supuestamente, coordinaban el ingreso de la sustancia ilícita a la terminal y su camuflaje en contenedores. Entre los señalados articuladores de este andamiaje está Emilson Moreno Granja, alias Emi.

Este funcionario de la DIAN fue capturado hace dos años por la Fiscalía, en una operación contra el lavado de activos, el contrabando y la corrupción. Por este caso, conocido en su momento como ‘Lamborghini’, están vinculados otros servidores de la terminal marítima y los integrantes de una familia que sobresalía por sus excentricidades.

Con los dineros que Moreno Granja habría obtenido por aparentes actividades ilícitas, mientras hizo parte del Grupo de Control de Carga de la DIAN en Buenaventura, presuntamente, financió su propia estructura narcotraficante.

Al tiempo que avanzaba el proceso en su contra, la entidad lo trasladó a otra ciudad y dependencia; sin embargo, al parecer, conservó los contactos en el puerto y así logró sacar alijos de cocaína.

Por estos nuevos hechos, alias ‘Emi’ fue capturado en el barrio El Caney de Cali (Valle del Cauca). De otra parte, dos de sus señalados cómplices fueron ubicados en Pereira (Risaralda). Uno de ellos, identificado como Francisco Quiñones Cortés, fue detenido en una lujosa vivienda. Este hombre sería uno de los proveedores de dinero para pagar a los diferentes enlaces en la terminal marítima.

El otro capturado, José Víctor Cueva Ortiz, se desempeñaba como operador de montacargas en el puerto de Buenaventura y, supuestamente, facilitaba la labor de contaminación de los contenedores.

La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir media de aseguramiento en centro carcelario.

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