Campesinos de Anorí denuncian intimidaciones de la fuerza pública para avanzar con la erradicación de cultivos

La comunidad asegura, que el Gobierno no le ha dado garantías para la sustitución.

La certificación destaca que Colombia avanza en la meta para el año 2023 de reducir al 50 % las áreas de cultivos ilícitos y la producción mundial de cocaína. EFE/ Carlos Ortega/Archivo
La certificación destaca que Colombia avanza en la meta para el año 2023 de reducir al 50 % las áreas de cultivos ilícitos y la producción mundial de cocaína. EFE/ Carlos Ortega/Archivo

Campesinos de la vereda Santa Inés, en el municipio de Anorí (Antioquia), denunciaron, este martes 16 de marzo, que volvieron a tener problemas con miembros del Ejército Nacional a causa de la erradicación de los cultivos ilícitos. La organización Proceso Social de Garantías informó el hecho a través de su cuenta de Twitter, y detalló que los uniformados habrían intimidado a los civiles durante la madrugada.

“Denuncia Pública: Comunidades campesinas, declaradas en Refugio Humanitario en la vereda Santa Inés, del municipio de Anorí, denuncian que hoy en la madrugada, siendo las 12:40 AM, miembros del Ejército amenazaron y restringieron su movilidad”, escribió la organización.

Los pobladores de esta zona del nordeste antioqueño ya habían denunciado una situación similar el pasado 3 de febrero, cuando aseguraron que se desataron enfrentamientos entre la fuerza pública y la comunidad. Mediante un comunicado de prensa, la Asociación Campesina del Norte y Nordeste de Antioquia y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), manifestaron que la comunidad de las veredas El Chispero y la Esperanza han sido intimidadas por policías y militares.

Las asociaciones informaron que, además del incesante sobrevuelo de los helicópteros de ambas fuerzas, que ha interrumpido la tranquilidad de los lugareños, se han visto vulnerados por “la entrada arbitraria del personal del brazo armado estatal para violar los derechos humanos, autorizando operativos de erradicación forzada manual que confrontan a las comunidades con el personar armado”.

En esta oportunidad, la comunidad estaba concentrada en esta zona porque desde hace unos días se declararon en Refugio Humanitario, es decir, que se establecieron en un sitio improvisado y se declararon en protesta. Los campesinos recurrieron a esta figura para reclamarle al Gobierno garantías para la erradicación de los cultivos ilícitos, porque aseguran que no les han cumplido con lo pactado.

Justo el lunes 15 de marzo, el representante a la Cámara por el Partido Común Omar Restrepo llamó la atención en su cuenta de Twitter para que se establezca un diálogo con la comunidad, porque son al menos 1.500 personas afectadas.

“En Anorí el ejército sigue con erradicación forzosa, en medio de violaciones a los derechos humanos de los campesinos. Hacemos un llamado para que se acuda al diálogo y no a las medidas de fuerza. ¡Que el Estado cumpla con el punto 1 y 4 del acuerdo de paz!”, escribió el político.

Restrepo aseguró que, el Gobierno se comprometió a darle a los campesinos un millón de pesos mensuales, pero de esa cifra solo les dieron una parte. Además, no se hicieron los mejoramientos de vías ni se han implementado el acceso a la tierra, la formalización y los proyectos productivos.

“En la vereda Santa Inés hay unos pocos cultivos de coca que el Ejército quiere erradicar. Nosotros como comunidad solo pedimos que nos respeten y el cumplimiento del punto cuatro del Acuerdo de Paz y el acuerdo que hicimos acá en el municipio. Solo pedimos que el Gobierno nos cumpla con lo que firmamos”, dijo uno de los afectados en un video publicado en redes sociales por el representante Restrepo.

Ante esta situación, la comunidad también pide que el Gobierno, liderado por el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, visite Anorí para llegar a un acuerdo.

Los campesinos afirmaron que están dispuestos a sustituir los cultivos, pero necesitan que se cumpla con el Programa de Desarrollo de Enfoque Territorial (Pdet) que tiene ese municipio, para que así no se afecte su economía y las familias puedan acceder a derechos básicos.

Por su parte, las autoridades locales aseguraron que, esperan que el Gobierno nacional responda por esta situación pronto, para así garantizar que los campesinos tengan condiciones de vida dignas. Además, así evitar que los civiles y la fuerza pública se enfrenten violentamente.

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