Así va el entramado del caso Uribe: de la tesis de la Corte Suprema de Justicia a la tesis de la Fiscalía

La investigación que se abrió en 2018 por parte de la Corte Suprema de Justicia se dio luego de que el senador Iván Cepeda acusara al expresidente Álvaro Uribe Vélez de tener vínculos con paramilitares. En ese momento, Uribe respondió acusando al senador del Polo Democrático por supuesta manipulación de testigos.

Según Uribe, Iván Cepeda visitó cárcel por cárcel para conseguir testigos que hablaran en su contra. Así que, por esta razón, la Corte abrió una investigación contra el exmandatario por el mismo delito que este había dado contra Cepeda. Para este ente investigador Iván Cepeda no contaba con evidencias de que hubiera tratado de manipular a dichos testigos. Mientras, que en el caso de Uribe sí había indicios de que este hubiera buscado testigos para que cambiaran las versiones a su favor.

Luego de que la investigación contra Uribe pasó de la Corte a la Fiscalía, Gabriel Jaimes, fiscal encargado del caso, contaba con un plazo de 120 días para tomar una decisión sobre el proceso del exsenador, imputado por presunto soborno a testigos y fraude procesal.

Faltando un día para que se venciera dicho plazo, es decir, el pasado 5 de marzo, Jaimes anunció que se pedirá la preclusión de la investigación contra Uribe Vélez. Esta decisión es contradictoria frente a lo que decidió la Corte Suprema de Justicia, ya que esta entidad había determinado que seguiría en investigación.

La Corte, por medio de un documento de 1.554 páginas, dejó estipulado todo el material probatorio que tenía hasta el momento, en el que, según la entidad, evidenciaba que Uribe emergía “con probabilidad de verdad como el gran determinador de este entramado ilegal”.

Ese material explicaba que Uribe, por medio de terceros, contactó a diferentes exparamilitares para que se retractaran y hablaran a su favor. Por ejemplo, el entonces abogado del exsenador del Centro Democrático, Diego Cadena, quien se encuentra acusado de sobornar a testigos, habló con Monsalve y Carlos Enrique Vélez, alias Víctor.

Mientras que la Corte Suprema de Justicia tenía las razones suficientes para inculpar a Uribe, la investigación por parte de la Fiscalía tenía opiniones diferentes, el coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema, que fue antiguo hombre de confianza de Alejandro Ordóñez y mano derecha del fiscal general, Francisco Barbosa, informó que daba inicio al trámite para poder archivar el proceso contra Uribe con base en dos de las causas que permite la ley.

Estas dos causales se basan en que, la primera, es la “atipicidad del hecho investigado”; a esto la Fiscalía explicó cómo, desde su percepción, había algunos actos bajo indagación que “no tienen la característica de delito”. Y, la segunda, habla que es “ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado”: lo que sí fue delito, no lo cometió Uribe.

De acuerdo con información del diario El Espectador, el cual conoció el cronograma del fiscal a cargo, Jaimes se dedicó cuestionar el trabajo de la Corte Suprema y, además, le dio gran espacio a las peticiones de la defensa del exsenador.

Por esta razón, uno de los ítems que ayudó a determinar la decisión de precluir fue tomar declaración bajo juramento de más de 26 personas cuyas versiones ya las había tenido en cuenta la Corte, en su momento de investigación, ya fuera para incluirlas o para descartarlas en el caso.

Jaimes cuenta con un as bajo la manga, hasta la fecha no se conoce quiénes habrán sido los que atendieron al llamado o qué dijeron, pues sus testimonios se encuentran bajo el secreto del fiscal y el resto de su equipo. Posteriormente, deberá presentar estos elementos cruciales del caso ante un juez penal del circuito de Bogotá, cuando llegue a pedir permiso para archivar el proceso contra Álvaro Uribe Vélez.

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