Procuraduría dice que no es competencia de la Corte Constitucional despenalizar el aborto, sino tarea del Congreso

A pesar de emitir este concepto, la jefa del Ministerio Público no exhortó al Congreso para que legisle sobre el tema.

Al menos 142 alcaldes no han suministrado la información al Ministerio Público. Foto: Colprensa
Al menos 142 alcaldes no han suministrado la información al Ministerio Público. Foto: Colprensa

Este 2 de marzo, se conoció un concepto de la Procuraduría General de la Nación, firmado por Margarita Cabello Blanco, quien asegura que a la Corte Constitucional no le corresponde discutir la despenalización del aborto en Colombia.

No se trata, como algunos pretenden, de discutir la penalización o despenalización del aborto pues ello no corresponde a la Corte Constitucional sino al legislador.

Cabello solicita a la Corte que se declare inhibida de la discusión y no tome una decisión de fondo, según recoge Caracol Radio. Con esto, el Ministerio Público solicita al alto tribunal que deje al Congreso de la República la responsabilidad de decidir sobre el asunto.

El control de constitucionalidad que ha realizado la Corte frente al delito del aborto ha sido de limites (…) ha establecido un conjunto de situaciones en las cuales no procede la persecución penal sin que ello implique anular la decisión del Congreso como regla general.

A diferencia de su antecesor, Fernando Carrillo, Cabello no destaca en su concepto sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo que sea un “derecho fundamental” y tampoco pide al Congreso que legisle sobre la despenalización de este.

El legislador se encuentra facultado para proteger el valor de la vida de quién está por nacer a través del derecho penal, en tanto que se trata del ejercicio legítimo de su libertad de configuración normativa para proteger un “bien constitucionalmente relevante” cuya principal fuente superior de protección es el artículo 4.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos el cual dispone que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley, y en general, a partir del momento de la concepción.

Así mismo, la actual procuradora no llamó la atención al Congreso de la República por la ‘omisión legislativa absoluta’ que encontró Carillo y señaló en un documento.

En ese sentido, Carrillo había determinado que existe una “sostenida inacción del Congreso de la República, cuyo silencio en materia de aborto ha dejado en situación de desprotección a las mujeres y al personal de la salud”.

Por último, el concepto de la procuradora recuerda a las autoridades que aseguren la satisfacción y la superación de las barreras que impidan la garantía de la “prerrogativa” de la interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales despenalizadas por la sentencia C355 de 2006.

Este concepto llegó al despacho del magistrado de Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, pues en el alto tribunal reposa la demanda que busca eliminar del Código Penal el aborto en Colombia.

Aunque el Ministerio Público ya se había pronunciado sobre el tema hace casi tres meses, cuando estaba en cabeza de Fernando Carrillo, el pasado 15 de febrero el magistrado Lizarazo corrió traslado de los conceptos que habían sido recogidos en el proceso a la actual procuradora para que ella se pronunciara.

Despenalización del aborto en Colombia:

El camino de la despenalización del aborto en el país comenzó hace 14 años, cuando la Corte Constitucional aceptó una demanda contra el delito del aborto para que en Colombia no se penalizara la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en tres causales: en caso de riesgo para la vida o la salud de la mujer, malformación del feto incompatible con la vida fuera del útero o en caso de violación o incesto, lo que quedó consagrado en la sentencia C-355 de 2006.

Sin embargo, las voceras del movimiento Causa Justa aseguraron que aunque en esos casos la Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE- evolucionó hasta convertirse en un derecho fundamental, se siguen presentando obstáculos y barreras para garantizarlo, y la primera de ellas es que el aborto por fuera de esas tres excepciones, sigue siendo un delito.

AME116. BOGOTÁ (COLOMBIA), 02/03/2020.- Personas en favor del aborto legal se manifiestan este lunes frente a la Corte Constitucional, que discute su despenalización total en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
AME116. BOGOTÁ (COLOMBIA), 02/03/2020.- Personas en favor del aborto legal se manifiestan este lunes frente a la Corte Constitucional, que discute su despenalización total en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Inclusive, dentro de la demanda que presentaron en septiembre de 2020 se confirmó que varios médicos no están practicando los procedimientos, basándose en su derecho a la objeción de conciencia, por lo cual, en 2008, la sentencia T-209 dictaminó que, si algún médico rechazaba realizar el procedimiento, debía enviar a la mujer a otro centro o instancia para garantizar su derecho.

Infobae Colombia habló, el pasado 15 de enero, con Mariana Ardila Trujillo, abogada de la Dirección Legal de Women´s Link Worldwide para que explicara desde el movimiento, por qué buscan que el aborto sea eliminado del Código Penal y qué está pasando actualmente con la demanda que se radicó en septiembre del año pasado.

“El hecho de que el aborto continúe siendo un delito en el Código Penal, aunque existan causales excepcionales dictadas por la Corte Constitucional, envía un mensaje muy confuso a la ciudadanía, pues el aborto es a la vez un derecho fundamental y un delito, esto muestra una vocación del Estado hacia la criminalización de las mujeres por decidir sobre sus cuerpos y los grupos anti derechos aprovechan la ambigüedad para desinformar, crear y justificar más barreras de acceso a un aborto seguro para las mujeres y niñas en Colombia”, confirmó Ardila.

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