JEP deja en firme rechazo de libertad condicionada a Salvador Arana por su falta de compromiso con la verdad

La Corte Suprema de Justicia procesó al exgobernador por la desaparición forzada y homicidio del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, y por concierto para delinquir agravado por colaborar con el Bloque Montes de María de las AUC.

Salvador Arana Paramilitar
Salvador Arana Paramilitar

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en firme este sábado 27 de febrero el rechazo de la libertad condicionada al exembajador de Colombia en Chile, Salvador Arana Sus, por su falta de compromiso con la verdad.

La Sección de Apelación del tribunal de paz determinó que el exgobernador de Sucre, quien impulsó durante su mandato entre 2001 y 2003 a las autodefensas en ese departamento, continuará recluido en la cárcel El Bosque de Barranquilla.

De esta manera, la Sección de Apelación dejó en firme la decisión que había tomado la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, que había negado la sustitución de la medida de aseguramiento, así como el trato especial que ofrece el Sistema Integral al paramilitar.

Según indicó el tribunal de paz para esta determinación se consideraron cuatro conductas de Salvador Arana Sus frente al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr), empezando por que el político no hizo un “reconocimiento serio de las víctimas y los bienes jurídicos afectados con sus conductas”.

“En cambio, ha señalado a las víctimas, sin más, de ser colaboradoras de las Farc-EP, incurrir en hechos de corrupción administrativa y manipular testigos en su contra”, aseguró la JEP en un comunicado.

De igual manera, el exembajador ha mostrado proyectos que podrían parecer aportes para el “restablecimiento del tejido social”, sin embargo, en ninguna de estas propuestas ha mencionado a Martha Libia Díaz Salgado quien es una de las víctimas reconocidas como interviniente especial dentro del tribunal de paz.

“Es el talante de las víctimas y de los hechos victimizantes lo que debe determinar el contenido de los programas de aportaciones y no las características personales del victimario”, le recordó la JEP a Arana, señalando que los programas relacionados con la educación sexual y el agro “pueden resultar insuficientes a la hora de aspirar a un trato especial”.

A su vez, la Sección de Apelación indicó que el político no ha entregado al tribunal transicional toda la información relacionada a las conductas que le han merecido investigaciones judiciales, antes bien se encuentra realizando un trámite ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con la intención de poner en duda el juicio penal adelantado por la justicia ordinaria sin mencionarle a la JEP.

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Por último, Salvador Arana ha ofrecido una “enumeración encriptada” de personas que presuntamente podrían hacer una porte de la verdad frente al tribunal, indicando el despacho que a pesar de que existe un cronograma para escuchar a estos sujetos se desconoce el valor de sus aportes a la restitución integral de las víctimas.

La JEP señala que es especialmente a las víctimas determinadas a quienes se deben enfocar las propuestas de reparación, garantías de no repetición y satisfacción que deben está establecidas en un compromiso concreto, claro y programado, argumentando que este no es el caso del exgobernador.

“Resultaría inane emplear el tiempo, las energías y los recursos del componente judicial del Sivjrnr en un caso en el que, desde el inicio, podría no apreciarse una intención real de aportaciones del compareciente en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, lo que eventualmente implicaría el incumplimiento temprano del régimen de condicionalidad que le atañe en su calidad de compareciente voluntario”, señaló la Sección.

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