Inpec tendrá que recategorizar las cárceles colombianas según niveles de contagio de covid-19

La orden la volvió a dar la Corte Constitucional y busca garantizar los derechos de la población reclusa. Aunque ya se había dado hace dos semanas, parece que el instituto no ha cumplido.

Cárcel La Picota, de Bogotá, lamás grande y de máxima seguridad de Colombia. (INPEC)
Cárcel La Picota, de Bogotá, lamás grande y de máxima seguridad de Colombia. (INPEC)

La Corte Constitucional de Colombia sigue emitiendo nuevas ordenes para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, en aras de garantizar la transparencia en el manejo que le da dicha entidad a la pandemia del covid-19 al interior de los centros que administra. En esta ocasión, la corporación ordenó recategorizar todos los establecimientos de reclusión del país.

Dicho proceso de diseño, señaló la Corte Constitucional, tendrá que especificar por niveles la cantidad de contagios que se presenta en cada cárcel colombiana y el riesgo en el que se encuentran aquellas que no presentan ningún caso. Adicionalmente, el instituto contará con un plazo máximo de 30 días para implementar el plan a partir de la emisión de la orden.

Con esto, el tribunal busca darle más fuerza y continuidad a la orden emitida hace diez días para que el mismo organismo genere y publique informes semanales de la cantidad de personas contagiadas con el virus —tanto reclusos como funcionarios— al interior de los centros penitenciarios. Vale recordar que, estos reportes se venían presentando hasta ahora de manera mensual, pero el Inpec no presenta reporte de contagios desde el pasado 4 de febrero.

Al igual que los reportes semanales, la recategorización debería ser variable según fluctúe la cantidad de contagiados y recuperados en cada cárcel, y tendrá que estar disponible para consulta tanto de la sociedad civil como de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

En ese sentido, ambas órdenes se derivan de dos tutelas que buscan proteger los derechos fundamentales de la población reclusa, “tras corroborar la existencia de una violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad”, según la Corte Constitucional. De esta manera, se busca darle seguimiento a las acciones que adelantan tanto el Inpec como la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, para garantizar la salud y los derechos de dichas personas.

De ahí que, ambas órdenes indiquen que dichas entidades deben ajustar los protocolos de prevención y atención de cada cárcel según como crezca o disminuya el número de personas que contraen o se curan del virus; y adelantar trabajos las autoridades territoriales, con el objetivo de mantener y fortalecer las labores de higiene, distribución de implementos de autocuidado y aseo personal; así como de asegurar la disponibilidad de personal médico capaz de buscar e identificar posibles contagios de coronavirus.

Lo anterior, entre otras obligaciones ya mencionadas con la decisión del 13 de febrero, como la realización de jornadas periódicas de desinfección de todas las instalaciones, la toma de muestras de laboratorio de los posibles infectados, la adecuación de lugares de aislamiento para que los reclusos diagnosticados con el virus puedan permanecer alejados del resto de la población carcelaria, sin hacinamiento.

Paralelamente, el mismo tribunal dio un ultimátum tanto al Inpec como a la Fiscalía General de la Nación, la Policía, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo para que entreguen un reporte de avance de las investigaciones sobre el motín registrado en la cárcel La Modelo el 21 de marzo de 2020 y que dejó un saldo de 24 internos muertos y 83 heridos. No hay que olvidar que, este se dio por la falta de garantías para la prevención del covid-19 al interior del centro penitenciario. Para publicar dichos informes, la Corte Constitucional les dio un plazo de cinco días.

Todas estas decisiones se presentan mientras al mismo tiempo que los familiares de los presos de las cárceles bogotanas se reúnen frente a las instalaciones del Inpec, en la capital del país, para pedir que se vuelvan a permitir las visitas.

Desde el instituto confirmaron que el regreso de las visitas depende del comportamiento de la pandemia dentro de los centros carcelarios y debe ser una decisión en conjunto con el Ministerio de Justicia. Además, recordaron que esa prohibición también es para cuidar de la salud de sus familiares, teniendo en cuenta lo difícil que es controlar los contagios dentro de las cárceles con la situación de hacinamiento en algunas de ellas.

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