Niegan tutela que pretendía retomar la recolección de firmas para la revocatoria de mandatos

El juzgado séptimo administrativo del circuito judicial de Bogotá declaró improcedente una acción de tutela que pretendía dejar sin efecto la decisión de la Registraduría Nacional de esperar concepto del Ministerio de salud al suspender los trámites de revocatoria de varios mandatarios locales, entre esos los de los alcaldes de ciudades como Bogotá y Medellín.

Según el juzgado, priman actualmente los protocolos de bioseguridad y medidas de restricción para mitigar contagios por Covid-19 en todo el territorio nacional. Por eso, avaló la decisión de tener protocolos de bioseguridad para la recolección de firmas, que debe ser aprobada y concertada entre la Registraduría y el ministerio de Salud. También se deben revisar los picos de contagio en los municipios donde se iniciaron procesos de revocatorias.

Sin embargo, la decisión sigue en manos de la Registraduría y del Ministerio de Salud para continuar con la recolección de firmas para los procesos de revocatoria y de esta forma, el tiempo también dependerá de las dos instituciones.

Los argumentos usados por los ciudadanos para llevar acabo el proceso de revocatoria con suma urgencia es insatisfacción de la ciudadanía o incumplimiento del programa de gobierno.

El 31 de enero en la tarde, la Registraduría anunció que suspenderá los 58 procesos de revocatoria de mandato que se adelantan en todo Colombia. La entidad tomó la decisión teniendo en cuenta que para que estos avancen se necesita recolectar firmas, y debido a la situación que atraviesa el país por el covid-19, puede que esto no sea posible.

“En medio de la situación sanitaria excepcional por la que atraviesa el país, con ocasión de la pandemia por la COVID-19, y con el propósito de salvaguardar la salud de los colombianos, la Registraduría Nacional del Estado Civil, solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social su concepto sobre la viabilidad de entrega de los formularios y recolección de firmas”, señaló en ente.

La carta esta dirigida a Fernando Ruiz, ministro de Salud, y en ella le solicita un concepto a la autoridad en salud sobre la viabilidad de la entrega de formularios físicos de recolección de firmas. En caso de que MinSalud autorice la realización de la actividad, la Registraduría le pidió a esa cartera que sea ella misma la que emita los lineamientos y protocolos de bioseguridad que deben tener en cuenta los promotores de la iniciativa al momento de recolectar las firmas.

Por otra parte, la Red Nacional de Veedurías emitió un comunicado el 25 de enero, en el que advirtieron sobre lo que consideran un derroche de los recursos públicos en medio de la crisis económica y sanitaria que enfrenta hoy Colombia.

Según la Red de Veedurías, los procesos de revocatoria le costarían al país unos 150.000 millones de pesos. “Son dineros con los que se pueden comprar cerca de 15 millones de vacunas para salvar vidas en la gente”, advirtió la organización.

El proceso alcanzó algunas audiencias publicas de mandatarios como el alcalde de César, Robinson Antonio Mansalva, Claudia López, Daniel Quintero entre otros.

LEA TAMBIÉN