Congresistas advierten que la unificación de las cifras de asesinatos contra líderes sociales amenaza la independencia de la Defensoría del Pueblo

Los congresistas colombianos Iván Cepeda y Angela María Robledo advirtieron, este viernes 5 de febrero, que el plan anunciado por el Gobierno nacional para la unificación de las cifras de asesinatos de líderes sociales, amenaza la autonomía e independencia de la Defensoría del Pueblo.

Por esta razón, el senador del Polo Democrático y la representante a la Cámara enviaron un derecho de petición al defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en el que le manifiestan su preocupación por la medida y solicitan que responda cuatro preguntas puntuales sobre el tema.

“Preocupan los anuncios hechos por la Fiscalía General de la Nación, al establecer que solo esta entidad podrá contar con funcionarios en terreno para documentar las circunstancias y el contexto de determinado crimen en el país”, indica el documento.

En ese sentido los congresistas manifestaron que con esta decisión se pone en riesgo la “autonomía e independencia” de la Defensoría, debido a que esta ha venido realizando un importante trabajo en sus labores de monitoreo y de advertir a los organismos judiciales, autoridades locales y Fuerza Pública los peligros que podrían presentar comunidades o líderes sociales en el país.

A su vez, resaltan la función humanitaria de la entidad que hace las veces de Estado en las regiones apartadas en el territorio nacional, donde ha conocido las comunidades y sus demandas y la presencia institucional es precaria.

De igual manera, recordaron que el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha sido reconocido por la comunidad internacional, entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil en su labor de seguir y registrar las violaciones de derechos humanos a los líderes sociales del país.

“Desde 2016 hasta 2020, esta entidad ha documentado 3.760 agresiones a personas defensoras de derechos humanos, así como a sus organizaciones o colectivos. Dentro de esas conductas destacan 2.829 amenazas, 662 homicidios y 165 atentados”, indica el documento.

En ese sentido, los congresistas argumentaron que la Fiscalía ha registrado en los últimos años cifras significativamente menores con relación a agresiones, especialmente el homicidio.

Por ese motivo, señalaron que este anuncio del Gobierno nacional de unificar las cifras y la metodología de los asesinatos contra lideres representaría una tendencia a la baja en cabeza de la Fiscalía y a través de esta decisión “pretender disminuir la magnitud del problema que estamos atravesando”.

Por tal razón, los congresistas solicitaron al defensor del Pueblo responder los siguientes cuestionamientos, frente a un anuncio que supondría una “inminente amenaza para la separación de los poderes” en el país.

· ¿Continuará la Defensoría del Pueblo realizando el registro y consolidación de una base de datos de conductas vulneratorias contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales de manera autónoma e independiente?

· ¿La Defensoría del Pueblo seguirá informando al país y a la comunidad internacional, de manera periódica, los hallazgos y resultados del ejercicio de registro y consolidación de agresiones a personas defensoras de derechos y humanos y líderes sociales?

· ¿Cuál será la labor de la Defensoría del Pueblo en el proceso de unificación de información relacionada con los crímenes de líderes sociales en el país anunciado por el presidente de la República?

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· ¿Continuará la Defensoría cumpliendo con las funciones que estableció el Decreto 2124 de 2017, especialmente las relacionadas con la verificación y procesamiento de los escenarios de riesgo de violaciones de los DDHH e infracción al DIH?

El anuncio del Gobierno nacional

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció, este miércoles 3 de febrero, que se unificará la información relacionada al asesinato de líderes sociales junto a la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, con la intención de ser más efectivos en el esclarecimiento de estos crímenes.

Así lo aseguró el mandatario luego de adelantar una reunión del Plan de Acción Oportuna Operacional junto al fiscal General, Francisco Barbosa; la procuradora General, Margarita Cabello, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo y otros miembros del Gobierno nacional.

“Las instituciones aquí representadas hemos fijado una hoja de ruta para la unificación de la metodología y el levantamiento de información relacionado con el asesinato de líderes sociales teniendo como base fundamental las investigaciones que adelanta la Fiscalía”, aseguró el primer mandatario.

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