Campesinos del Catatumbo anuncian marcha por aspersión con glifosato

La población que habita en la subregión asegura que el Gobierno nacional no ha cumplido con los compromisos pactados.

Foto de archivo. Soldados del Ejército Nacional erradican cultivos de hoja de coca en zona rural de Tarazá, en el departamento de Antioquia, Colombia, 10 de septiembre, 2019.  REUTERS/Luis Jaime Acosta
Foto de archivo. Soldados del Ejército Nacional erradican cultivos de hoja de coca en zona rural de Tarazá, en el departamento de Antioquia, Colombia, 10 de septiembre, 2019. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Desde el 1 de febrero inició la fumigación terrestre con glifosato en la subregión del Catatumbo (Norte de Santander) para erradicar los cultivos de coca. Esta acción se ejecutó a pesar de las objeciones hechas por los habitantes del territorio, quienes anunciaron que realizarán una marcha para mostrar su rechazo a esta medida.

La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) está liderando esta movilización porque asegura que la situación genera temor en la comunidad. Además, señala que el Gobierno nacional no ha cumplido con los compromisos pactados y consignados en el punto uno de la Reforma Rural Integral y el punto cuatro del Acuerdo Final de Paz, que están ligados a las plantaciones ilícitas.

“Es una política violenta volver a fumigar con glifosato. Es mejor replantear la política (de aspersión terrestre) y que se aplique la sustitución concertada con las comunidades. Históricamente los campesinos buscan organizarse para la movilización social, ya sea para los asentamientos campesinos o para otras acciones que tienen que ver con la movilización”, aseguró Holmer Pérez, miembro de la junta directiva de Ascamcat.

La organización explica que erradicar con glifosato no va a acabar con los cultivos ilícitos, y por el contrario, profundizará problemas que ya existen en la población de tipo social, económico y de seguridad.

“El problema es de carácter estructural y frente a ello el campesino reclama una verdadera reforma agraria, la legalización de las tierras y programas alternativos para mejorar las condiciones de vida. Esto no se arregla a la fuerza, ni con pañitos de agua tibia. Exigimos buenos precios a las cosechas y mayor rentabilidad en los productos legales”, manifestó el líder.

A esta solicitud también se han unido los alcaldes de Hacarí, el Tarra y Teorama, municipios que están dentro de la subregión. Los mandatarios aseguran que la fumigación no solo se da es en contra de la voluntad de los campesinos, sino también en condiciones irregulares, pues la Dirección Antinarcóticos de la Policía les notificó de la situación, pero no les envió un cronograma de ejecución del proceso.

“La notificación llega a mi nombre, pero no se nos notifica dónde se va a realizar, en qué sector, cómo se coordinó; porque nosotros lo que hemos pedido es que se verifique muy bien ese tema porque se nos pueden venir dificultades mucho más complejas”, dijo Deivy Bayona, alcalde de Hacarí, a Colombia 2020 a finales de enero.

El mandatario reportó que la situación ya ha desencadenado confrontaciones entre los civiles y la fuerza pública, y teme que el panorama empeore, se generen enfrentamientos armados, y parte de la población termine siendo desplazadas.

“Reconocemos el esfuerzo del Gobierno nacional en la zona del Catatumbo, pero se requiere de mayor inversión porque la erradicación empeora el panorama de miles de familias. Estamos muy preocupados los alcaldes del Catatumbo porque la aspersión terrestre con glifosato podría originar desplazamiento de familias en plena pandemia e incrementos de contagios. A esto se suman acciones violentas por lo que se debe concertar con la comunidad y a su vez se requiere de la ejecución de proyectos productivos”, aseguró Yahir Díaz, alcalde de El Tarra, a RCN Radio.

Teniendo esto en cuenta, Ascamcat pide que se consolide una mesa de trabajo que vigile el tema de la erradicación en la zona y que se cumpla el Derecho Internacional Humanitario.

“Debe implementarse lo que en el Catatumbo hemos denominado, a través de la Mesa Humanitaria, los Mínimos humanitarios y construcción de paz, para que se mitigue la confrontación armada y no se involucre a la población civil”, dijo Pérez.

Cabe recordar que, la fumigación se hará de forma terrestre ya que en 2015 el Consejo Nacional de Estupefacientes negó los permisos para la fumigación aérea de glifosato. Para 2017, la entidad le otorgó el permiso a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato que hace parte del Plan de Manejo Ambiental.

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