Denuncian amenazas contra asentamiento indígena en Puerto Gaitán, Meta, por parte de grupos paramilitares

La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, organización acompañante en calidad de defensora de los derechos de los pueblos y los derechos humanos, denunció a nivel nacional e internacional las amenazas proferidas por Ernesto Martínez, alias Cajuche, contra el asentamiento indegína Iwitsulibo en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta.

El 20 de enero de 2021, las comunidades indígenas pertenecientes a la etnia Sikuani de Iwitsulibo y Tsawilonia Weewelianai, retornaron al territorio ancestral del que fueron desplazadas, con la intensión de aprovechar el calendario ecológico propicio para sembrar sus cultivos tradicionales y reconstruir su historia. Pero, al día siguiente, a las 10:30 a. m, Ernesto Martínez, a quien los indígenas identifican como alias Cajuche, perteneciente a grupos paramilitares del mismo municipio, en compañía de un Intendente de apellido Salas, adscrito a la Policía de Puerto Gaitán, le exigió a los indígenas que desalojaran de los predios.

La comunidad demostró que se está tramitando el proceso de Medida de Protección de Territorio Ancestral en el marco del decreto 2333 de 2014 ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT), mediante cual, se solicitó, por medio de un auto a la alcaldía de Puerto Gaitán, la suspensión de todos los procesos policivos y la prohibición de dar comienzo a nuevas invasiones sobre estos predios. Ante esta situación, el intendente Salas manifestó que se retiraría en espera de las definiciones de sus superiores, pero alias Cajuche optó por amenazar a la comunidad indígena:

La Corporación Claretiana también advirtió que esta amenaza se suma a otros actos intimidatorios y a intentos de desalojo contra las comunidades indígenas que han retornado a su territorio ancestral. Lo anterior, sostuvieron, demuestra que los líderes y la comunidad en general están en un alto riesgo. Una de las amenazas se presentó el 18 de agosto de 2020, cuando a las 7:00 p. m, Luis Eliberto Jiménez Flórez, representante de la comunidad indígena de San Rafael Warrojo, en proceso de retorno a su territorio ancestral, recibió una llamada telefónica de Floresmino Salgado para asegurar que, a pesar de no tener un documento que le acredite propiedad sobre el territorio ancestral de la comunidad, sus abogados estaban adelantando acciones ante la ANT para su titulación.

Salgado también manifestó que los predios eran un pago por trabajos realizados a Víctor Carranza y por ello, impediría el ingreso de la comunidad haciendo uso de lar armas. Según la Corporación, Salgado es conocido como alias Floro, presunto exadministrador de empresa La Cristalina, de la familia Carranza, quien además fue capturado por ser el financiador de la estructura Libertadores del Vichada del Grupo Delincuencial Organizado Puntilleros, bajo los delitos de concierto para delinquir agravado; homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte de armas de fuego o municiones.

Asimismo, reiteraron que las comunidades de San Rafael Warrojo, Iwitsulibo y Tsawilonia Weewelianai hicieron la solicitud de protección al territorio, lo que permitió la apertura de expedientes por parte de la Agencia Nacional de Tierras para cada grupo indígena. “En varias oportunidades las comunidades indígenas han intentado ingresar al territorio ancestral, pero lo han impedido personas que manifiestan tener títulos y procesos de adjudicación ante la ANT”, indica la denuncia. Igualmente, las comunidades indígenas tienen adelantada la solicitud de restitución de tierras en calidad de víctimas de la violencia ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

Por lo anterior, hicieron un llamado a la Policía Nacional de la región y al Ejercito Nacional para que, en el marco de sus funciones, garanticen de forma integral los derechos fundamentales al territorio, a la vida y a la protección de las comunidades indígenas; al Ministerio del Interior para que actúe en la protección de los pueblos ancestrales de Puerto Gaitán y cesen las amenazas; a la Agencia Nacional de Tierras para que agilice el trámite del proceso y se garantice la seguridad jurídica y se priorice la vida e integridad de los pueblos indígenas; y a Defensoría del Pueblo, para que velen por los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, exigiendo a las autoridades pertinentes un mayor control y seguridad para las comunidades.