Un Proyecto de ley en camino y el afán de reformas por impunidad: así pinta el 2021 para la Justicia Penal Militar

Desde hace dos años la Fuerza Pública en Colombia pasa por múltiples escándalos: corrupción, denuncias de abusos, excesos en el uso de la fuerza durante el paro nacional, como el asesinato a Dilan Cruz, y el de Javier Ordoñez (2019), la violación de siete soldados a la niña Emberá (2020) y las denuncias de ventas de armas a grupos ilegales.

Estos actos delictivos desataron que, desde la ciudadanía y la oposición del gobierno de Iván Duque, se pidiera intensamente que la Justicia Penal Militar cambiara. Desde el Congreso de Colombia se pide tener la fórmula para responder las denuncias y fortalecer los derechos humanos en la Fuerza Pública.

La propuesta que traen los congresistas, específicamente los de la oposición, es un proyecto de acto legislativo, que implica modificar la Constitución, para reformar la justicia penal militar, encargada de investigar y juzgar los delitos cometidos por los uniformados.

Según Iván Cepeda, senador del Polo Democrático y líder de la propuesta, él y los que acompañan el proyecto creen que “la justicia penal militar se ha convertido en un instrumento de impunidad, no de ahora, sino de hace décadas, y es una situación que hay que corregir. Esta justicia complaciente parece ser un estímulo para que se sigan cometiendo delitos”.

El proyecto plantea un cambio casi total en la justicia militar. Este propone que todos los casos en los que se evidencia violaciones de los Derechos Humanos los implicados sean juzgados por la justicia ordinaria. Y sobre la Policía, cualquier delito cometido por uno de sus miembros sean de conocimiento exclusivo de la justicia ordinaria.

También hay que saber que la persona que llegara a juzgar a un miembro de la Fuerza Pública debe conocer el protocolo y el derecho operacional de los uniformados. Este proyecto debe ser aceptado por la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), que, hasta el momento, muestra total rechazo.

Según investigación del diario El Espectador, en cifras, así están actualmente los procesos formales e investigaciones preliminares de los casos de la Fuerza Pública

A la justicia penal militar llegaron 196.086 casos. Un promedio de 22 procesos cada hora, en cada día del año. En los primeros tres meses de 2020 los procesos formales y preliminares ascendían a 52.250 (574 cada día). Además los integrantes del Ejército son los que suman la mayoría de investigaciones (más de la mitad de las de 2019), seguidos por los policías (38 %), los miembros de la Fuerza Aérea (4 %) y por último, la Armada, con 3,5 %.

Para el año 2019 hubo más de 196.000 casos, ese año apenas se celebraron 587 cortes marciales (el 0,3 % del total), consagradas como las audiencias de juzgamiento. A ello se suma que solo en 911 (0,4 %) se profirieron sentencias, en su mayoría condenatorias. Hasta marzo de 2020 las cortes marciales sumaban 59 (0,1 %) y las sentencias, 133.

Hay que tener en cuenta que, aunque la deserción parece ser uno de los delitos más frecuente al interior de cada una de las instituciones que conforman la Fuerza Pública, un detalle primordial es que solo el número de casos por homicidios en el Ejército (1.465) es superior, incluso, al total de todos los procesos contra los miembros de la Armada Nacional (520) y la Fuerza Aérea (559) juntos. En el caso de la Policía este delito también sobresale con 652, solo superado por los procesos por lesiones personales (1.994).

Solo los casos que llegaron al Tribunal Superior Militar y Policial, que se considerada la segunda instancia de la justicia penal militar, fueron 2.889 en 2019. En 2020, hasta marzo, ese número ascendía a 902. Por otro lado, frente a los procesos remitidos a la justicia ordinaria, de los 196.000 en 2019, solo 254 (0,1 %) terminaron en esa jurisdicción. En el primer trimestre de 2020 se contaban apenas 59.