Corte Suprema sentenció que el número de cuenta bancaria no es un dato sensible

Aunque la sentencia es del año pasado, hasta ahora se conoce su contenido.

26/01/2019 Una persona pagando con tarjeta de crédito en un datafono de un comercio
ECONOMIA
NATTAKORN MANINEERAT / EYEEM / MINSAIT
26/01/2019 Una persona pagando con tarjeta de crédito en un datafono de un comercio ECONOMIA NATTAKORN MANINEERAT / EYEEM / MINSAIT

El pasado 4 de marzo de 2020, la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia que permite a la Fiscalía, y de paso los abogados, acceder a los datos bancarios de cualquier ciudadano sin previa orden de un juez.

Esto fue denunciado por el abogado Alejandro Sánchez, quien sacó a la luz el fallo que no deja de ser controversial, pues ocurrió en medio de la pandemia.

El caso avanza en el Tribunal Superior de Barranquilla contra el juez civil Dilio Cesar Maldonado Manotas, acusado por prevaricato y peculado por apropiación en favor de terceros a raíz de un proceso ejecutivo que resolvió entre la sociedad Asistencia Médica Inmediata, Amedi, (demandante) Ltda., y Caprecom seccional Atlántico (demandada) y produjo que el alto tribunal se pronunciara.

En 2013 se levantó el embargo de mil millones de pesos ($1.321.000.000) y fueron entregados al abogado Enrique Jiménez Luquez como apoderado judicial de Caprecom. Pero de acuerdo con la investigación del abogado, Luquez presentó un poder falso para acreditarse como apoderado judicial de Caprecom, algo que reconoció el juez.

El 17 junio de 2013, Maldonado -de forma presuntamente irregular- levantó el embargo de más de mil millones de pesos ($1.321.000.000) para que le fueran entregados al abogado Enrique Jiménez Luquez como apoderado judicial de Caprecom.

El 2 de julio de ese año, Luquez recibió el dinero y lo consignó en una cuenta de ahorros del Banco Agrario de donde hizo millonarios retiros. Cuando la directora de Caprecom, Luisa Fernanda Tovar, se enteró, instauró la denuncia penal contra el juez.

Luego de que se supo esto, las pruebas alertaron a la defensa que solicitó que varias fueran excluidas del proceso argumentando que habían sido obtenidas de forma ilegal, como un documento presentado por la Fiscalía en el que el Banco Agrario le confirmó al ente investigador que el abogado Enrique Jiménez Luquez tenía una cuenta de ahorros activa con el Banco Agrario y proporción el número de esta, sin autorización del juez, según lo recoge El Espectador.

Ya con el número, la defensa cuestionó a la Fiscalía por acudir a un juez de garantías para que este autorizara una búsqueda, donde encontró los movimientos bancarios del abogado. La defensa argumentó que estos datos fueron obtenidos sin orden judicial y aseguró que se violó “la reserva bancaria y el derecho a la intimidad”, por lo que debía, según ellos, ser vetados del proceso penal.

Pero el Tribunal de Barranquilla no aceptó la solicitud de sacar de proceso las pruebas, algo que llegó hasta la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que determinó que la cuenta bancaria de una persona y el número que la identifica no es un dato íntimo o personal

Si los datos que el banco posee del cliente no hacen parte de su vida íntima o personalísima, tampoco encajan en lo que ha sido definido como datos sensibles, ni revela sus hábitos o su individualidad, su conocimiento por parte de terceros no trasgrede el derecho a la intimidad.

Por esto si un banco suministra esa información a otro “no constituye una intromisión a la esfera íntima del cuentahabiente”.

Esto quiere decir que, la Fiscalía, un abogado o un ciudadano podría acudir a un banco y pedir el número de cuenta de otro, sin problema, y la entidad lo debe proporcionar.

Expertos le dijeron a El Espectador que es preocupante el grado de vulnerabilidad en el que quedan los colombianos con esta decisión de la Corte

Alejandro Sánchez, quien el encargado de alertar sobre esta sentencia, le dijo al diario que se trata de “una decisión muy personal que hace que un ciudadano confíe en el sistema bancario para pedirle que le abra una cuenta y le dé un número. Es un dato sensible porque en un país como en el que vivimos uno debe prever qué riesgos corre alguien cuando expone datos de esa envergadura al público”.

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