Este decreto podría frenar la compra de la vacuna contra el COVID-19 en Colombia

La reglamentación, aprobada el año pasado, podría obstaculizar el contrato con las farmacéuticas y dificultar la adquisición de vacunas contra el COVID-19.

Un decreto de octubre del año pasado reglamenta cómo se activan las inhabilidades en Colombia a empresas extranjeras sancionadas por corrupción.
Un decreto de octubre del año pasado reglamenta cómo se activan las inhabilidades en Colombia a empresas extranjeras sancionadas por corrupción.

El decreto apareció por una norma anticorrupción, la cual se encarga de que se endurezcan los delitos contra la administración pública, que extiende inhabilidades para contratar con el Estado a empresas extranjeras. Este decreto es el 1358, que reglamentó de manera parcial la Ley 2014 de 2019. Esta ley crea el procedimiento para homologar en Colombia las condenas penales o sanciones administrativas que cualquier posible proveedor del Estado tenga en fuera del país.

En octubre del año pasado, cuando se emitió el decreto, Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) comentó en una entrevista para la revista Semana que: “La lucha contra la corrupción debe tener consecuencias contra quienes la toleran, la promueven y se benefician. No solo es despedir al representante legal o al socio o administrador”. Puesta esta salió cuando estaba en revuelo el tema de Odebrecht.

El director de ANDJE fue el creador e impulsador de dicho decreto, ya que este le otorga a la agencia el poder de pedirle a la Cancillería, cuando esta les advierta de una posible inconsistencia por parte de una empresa que busque contratar con el Estado, o que solicite a otros países por medio de canales diplomáticos “las sentencias penales o sanciones administrativas que se presumen inmersas” en conductas de corrupción.

En el artículo “Sanciones económicas impuestas a las grandes empresas farmacéuticas por actividades ilegales”, publicado en noviembre de 2020 en el Journal of the American Medical Association (JAMA), se muestra la lista de las empresas farmacéuticas que han sido sancionadas hasta el momento en Estados Unidos.

Según el periódico El Espectador, los investigadores Denis G. Arnold, Oscar Jerome Stewart y Tammy Beck accedieron a documentos del Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos o las fiscalías estatales para saber, en plata blanca, cuánto han tenido que pagar las farmacéuticas por actividades ilegales entre los años 2013 y 2016.

En esta lista aparecen Pfizer, AstraZeneca y Johnson & Johnson, cuya farmacéutica es Janssen, entre otras, estas tres farmecéuticas son las empresas con las que Iván Duque pretende firmar en los próximos días para la vacunación de los colombianos. El artículo especifica que Pfizer ha pagado en sanciones US$2.910 millones; Johnson & Johnson, US$2.668; y AstraZeneca, US$1.172.

Uno de los principales denunciantes es el director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, quién comentó que: “Pero allá como que nadie se ha enterado del problema. Mientras tanto, le aseguro que los abogados de las farmacéuticas identificaron el problema hace rato, lo cual explicaría, entre otras razones, la obsesión con el secretismo de los contratos”.

El director del Instituto Anticorrupción aclaró que la inhabilidad que decreta la norma se configura “si la persona natural o jurídica ha sido condenada por cometer delitos contra la administración pública, aquellos que establece el Estatuto Anticorrupción o los delitos regulados por las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción. No requiere sentencia judicial en firme, sino apenas una primera decisión; también aplica para principios de oportunidad”.

Según varios expertos en el tema, hay varios problemas o ambigüedades para que se acate la totalidad de la norma, y por estas ambigüedades se puede pedir una revocatoria. Aunque la norma no sea exacta, esta le concede a la agencia el permiso de recolectar la documentación de sanciones o condenas, verificar cuáles son las que se ajusta a los delitos contra la administración pública y activar las inhabilidades.

Según El Espectador estas son las declaraciones de varios expertos:

Manuel Restrepo, experto en contratación pública y profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, explicó el procedimiento para esto: “Si se tiene conocimiento de una sanción en otro país, se hace el trámite para obtener copia de esta. Si son personas naturales, la Agencia solicita a las cámaras de comercio información sobre si dicha persona está relacionada con personas jurídicas en calidad de administrador, representante legal, miembro de la junta directiva o socio controlante”.

Según lo anterior, luego de obtener dicha información por la agencia y si procede, la ANDJE de pedir a la cámara de comercio que haga la anotación de la inhabilidad en el Registro Único de Proponentes (RUP). El procedimiento es igual cuando se trate de sanciones administrativas contra personas jurídicas, según Restrepo.

En el caso de Andrés Briceño, director de la Maestría en Contratación Estatal de la Universidad de la Sabana, la respuesta ca la pregunta si el decreto obstaculiza el contrato para la vacunas es “sí”; pero aclara varias cosas: “Es un decreto mal redactado, muy deficiente. No sé cómo permiten elaborar un decreto con tantas ambigüedades. La inhabilidad que activa ya había quedado en la Ley 1778 de 2016, que había abierto la posibilidad de que la Superintendencia de Sociedades sancionara a empresas que hayan tenido comportamientos irregulares y no pudieran contratar con el Estado por un período de veinte años”.

Briceño aclaró que por esa razón el decreto podría promover que de manera deliberada una farmacéutica filtre al Estado información de su competidor sobre sanciones administrativas en otros países. “Basta eso para activar la obligación de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para consultar esas sanciones y producir la inhabilidad fijada en la Ley 80, de contratación pública”.

Y por último, según Camilo Enciso, el explicó si el Gobierno Nacional podría hacer una excepción en medio de la pandemia. “Según todos los expertos en contratación estatal que consultamos, no hay una norma que así lo permita. Lo que tendrían que hacer ahora es modificar una vez más el régimen de inhabilidades, que cambiaron a las carreras y sin pensar en las consecuencias, para permitir esos acuerdos o contratos por motivos de salud pública”.

El espectador buscó a Camilo Gómez para saber si su agencia ya había advertido obre las posibles inhabilidades que puedan tener las farmacéuticas para contratar con el Estado teniendo en cuenta el decreto o si ya se había empezado algún trámite en la Cancillería para pedir sentencias o sanciones a otros países, pero Gómez aclaró que no se hablaría sobre el tema hasta que esté completamente “estructurado” en esa entidad el procedimiento que determina el decreto.





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