Buscan quitarle las facultades al Presidente Duque para que no prohíba el uso legal de armas

La iniciativa se da a través de un proyecto de ley que impulsa el representante del Partido Conservador Juan Carlos Wills.

En Colombia el uso de armas por parte de civiles no esta permitido. El decreto que lo establece así, fue firmado por el presidente Iván Duque el 31 de diciembre de 2020 que prorroga la medida. REUTERS/Jose Cabezas
En Colombia el uso de armas por parte de civiles no esta permitido. El decreto que lo establece así, fue firmado por el presidente Iván Duque el 31 de diciembre de 2020 que prorroga la medida. REUTERS/Jose Cabezas

A través del decreto 1808 del 2020, el presidente Iván Duque prohibió el porte legal de armas. Esta nueva medida se extendió hasta el 30 de diciembre de 2021. La ley establece que las autoridades militares serán las encargadas de velar porque se cumpla la medida en el país y deja en firme las excepciones a la Fuerza Pública en general y a los escoltas, esquemas de seguridad y empresas de vigilancia. Sin embargo, la decisión tomada por el mandatario generó algunas molestias en colectividades como el Centro Democrático, el Partido Conservador y en algunos sectores liberales, que buscan cambiar la decisión, anulando la autoridad del presidente en lo relacionado con la autorización del porte de las armas en el país.

Uno de los argumentos de quienes se oponen a la medida del presidente, es lo que consideran el derecho de defensa personal frente a los criminales en situaciones delictivas como el robo. Otro, es el uso por parte de personas que han recibido amenazas contra su vida y no tienen un esquema de seguridad.

Sin embargo, el Presidente defendió su decisión, pese a la insistencia de los sectores conservadores, en la conservación del orden público y mantener la consigna que dejó la Corte Constitucional en 1995, en la cual se señala que el porte de armas promueve y profundiza la violencia, especialmente en un país como Colombia, que históricamente ha padecido la violencia armada creada por diferentes grupos ilegales como guerrillas, paramilitares, bandas criminales entre otras.

Estudios realizados en América Latina y el Caribe comprueban que pese a que no hay una relación directa entre homicidio y legalización de armas. Hay que tener en cuenta ciertos contextos, ya que las armas de fuego, pueden volverse un detonador de la violencia en ambientes como la urbanización rápida, altos niveles de desocupación entre hombres jóvenes, altos niveles de pobreza, un historial de conflicto armado reciente, migraciones masivas, presencia de narcotráfico y de grupos armados altamente estructurados.

Se conoció hoy en la FM que el Congreso impulsó un proyecto de ley, de autoría del representante Juan Carlos Wills, mismo que impulsó el proyecto de la legalización del uso de armas, encaminado a quitarle la facultad al presidente de la República para decretar desarmes de manera general en el país.

Ya que los sectores inconformes se han manifestado, amenazando incluso con retirar su apoyo al presidente Iban Duque. Pues este decreto, prorroga la decisión tomada por el gobierno anterior.

Otra iniciativa, será presentada por el centro democrático, que en cabeza de Christian Garcés aseguró que “no es conveniente el desarme generalizado en nuestro país, como se está haciendo actualmente. Queremos que el Gobierno Nacional siga con el monopolio de las armas, pero no pueda tomar medidas generalizadas, sino que deba mirar los casos específicos de manera particular”.

Reforzando esta posición la senadora María Fernanda Cabal representante del partido del Gobierno a través de una columna de opinión que presentó en su portal web acusó al presidente de incumplir con sus promesas de campaña. Y sostiene que, a pesar de los permisos especiales, esta regulación “deja a los ciudadanos a merced de la delincuencia, lo que beneficia únicamente a los bandidos”. Al final la senadora dice que con esta medida los delincuentes pensarían dos veces antes de hacerles daño a los ciudadanos.

Otro de los argumentos más sonados es que serviría para acabar con la mafia que se ha creado alrededor de la entrega de los permisos especiales.

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