Unión Patriótica le pide a la JEP que se esclarezca nuevas denuncias sobre la planeación y ejecución del exterminio a 6.000 de sus miembros

El comité ejecutivo nacional de la Unión Patriótica (UP) le exigió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que esclarezca la información emitida por Alberto Donadío a través de su columna ‘Virgilio Barco y el exterminio de la UP’, publicada en el portal Los Danieles, sobre la ejecución sistemática de miembros de este partido político. Los firmantes señalaron que la investigación de Donadío ratifica las denuncias que, durante décadas, han realizado en diversas estancias nacional e internacionales, vinculando al Estado.

En el documento, los firmantes sostienen que los detalles revelados por Donadío reiteran las acusaciones que el partido político ha emitido a través de instituciones nacionales e internacionales, señalando la responsabilidad directa del Estado y sus Fuerzas Militares, “en la decisión, planeación y ejecución del exterminio y genocidio en contra de la Unión Patriótica y otras fuerzas de oposición social y política en Colombia”.

Por ello, indican que el periodista precisa la responsabilidad del expresidente Virgilio Barco Vargas, del Partido Liberal; el secretario General de la Presidencia; el empresario Germán Montoya Vélez; Juan José Turbay, miembro de la junta directiva de Ecopetrol; y otros dirigentes de su gabinete y miembros de la cúpula militar, bajo el mando del general Rafael Samudio Molina, ministro de Defensa en ese momento, con la asesoría de un mercenario israelí de nombre Rafi Eitan, en el exterminio de la organización política.

Los miembros del comité sostienen que, debido a la imposibilidad de ejecutar algún genocidio sin el consentimiento y autorización de los Estados, información investigada, reiterada y puesta a disposición alrededor del mundo, el caso colombiano no dista de esta grave situación, debido al vínculo de altos mandos con este exterminio. Las pruebas de Donadío y las múltiples imputaciones ante órganos de justicia , “que siguen sin ser valoradas, en la impunidad”, además, tienen el sustento para ser revisadas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el caso 06 de la JEP, ‘Victimización de miembros de la Unión Patriótica’.

Este caso fue abierto el 26 de febrero de 2019 a partir del informe número 3 presentado por la Fiscalía General de la Nación, cuyos datos fueron tomados de la documentación de la Corporación Reiniciar ‘¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional’ y de la información expuesta en el archivo del Centro Nacional de Memoria Histórica ‘Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica, 1984-2002′.

Además para priorizar este caso, la JEP estudió las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo anterior, la Sala de Reconocimiento constató la existencia de una violencia sistemática y generalizada contra los miembros de este movimiento político. Asimismo, identificó que fueron víctimas de hechos que atentaron contra el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad física, sexual y psicológica, “entre otras violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Así, el comité ejecutivo nacional de la UP le solicita a la JEP citar al general Rafael Samudio Molina, exministro de Defensa, y demás funcionarios del gobierno de la época, a declarar y esclarecer estos hechos. Asimismo, piden citar a Yair Klein, exmilitar y mercenario israelí que estableció una empresa para entrenar a fuerzas armadas, así como grupos paramilitares en el Magdalena Medio y miembros de organizaciones bananeras de Urabá, según Verdad Abierta. Además, en sus declaraciones, Klein salpicó al expresidente Álvaro Uribe Vélez y reconoció haber hecho tres viajes al país entre 1987 y 1988.

Los firmantes también aseveran que el asesinato de líderes sociales, excombatientes y firmantes del Acuerdo de Paz, campesinos, indígenas y afrodescendientes, bajo el actual gobierno del presidente Iván Duque, “se continúa ejecutando con la misma complicidad de altas esferas del Estado” y bajo los mismos métodos.