Colombia deberá eliminar la violencia contra las mujeres en las cárceles

Así lo determinó el Consejo de Estado, que ordenó crear una política penitenciaria para eliminar la violencia contra las mujeres privadas de la libertad. El alto tribunal busca que las reclusas tengan mejores condiciones humanas en lo centros penitenciarios del país.

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En la cárcel El Cunduy, en Florencia, Caquetá, las reclusas vivían en dos metros cuadrados, porque aunque el centro tiene espacio para 25 mujeres, las cárcel albergaba a 151 mujeres.
En la cárcel El Cunduy, en Florencia, Caquetá, las reclusas vivían en dos metros cuadrados, porque aunque el centro tiene espacio para 25 mujeres, las cárcel albergaba a 151 mujeres.

El Consejo de Estado ordenó la creación de una política criminal y penitenciaria con enfoque de género, con el objetivo de eliminar la violencia en contra de las mujeres colombianas que se encuentran privadas de la libertad en centros penitenciarios -que en mucho casos viven en condiciones deplorables a causa del hacinamiento en las cárceles-, además de rediseñar la manera en la que son juzgadas.

La orden emitida por el tribunal supremo dirigida al Ministerio de Justicia, tiene como objetivo la presentación de un proyecto de ley al Congreso, con el cual a la hora decretar la sentencias penitenciarias a las mujeres en el país se tenga en cuenta no solo el delito que cometieron, sino el contexto y las circunstancias del mismo.

Mujeres vulnerables frente a ciertas violencias específicas basadas en el género, o que las condenan a la marginación social y económica, y las conducen (…) a la comisión de los delitos más comunes y las ponen en situación de desventaja por su género”, señala un apartado de la sentencia.

Según información entregada por la FM Radio, la solicitud emitida por el Consejo de Estado se basó en un análisis hecho por la entidad en el cual develaron que gran número de las reclusas de centros penitenciarios o que se encuentran detenidas, “pertenecen a estratos socioeconómicos bajos, son cabezas de familia y delinquen por razones relacionadas con su vulnerabilidad económica”.

El mismo medio medio señaló que de esa manera, en el caso de temas relacionados con la droga, un gran número de mujeres no cuenta con información relevante que pueda brindarles a las autoridades sobre la producción y distribución de dichos estupefacientes, por lo que no suelen recibir rebaja en sus condenas tal y como sucede con los hombres.

Debe detenerse el encarcelamiento masivo de mujeres que alimenta un sistema carcelario colapsado que las impacta “de manera diferenciada y desproporcionada”. Y finalmente, el sistema carcelario debe superar la tendencia de relegar a las mujeres a reducidos espacios sobrantes dentro de una infraestructura construida y administrada para hombres”, explica la sentencia del Consejo de Estado, de acuerdo con información del diario La República.

De acuerdo con la FM Radio, la solicitud de la creación de esta política criminal con enfoque de género se da luego de que el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y la Unidad Especial de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), fueran condenados a pagar una indemnizaciones a las reclusas del pabellón de mujeres de la cárcel El Cunduy, en Florencia, Caquetá.

Según el medio, la compensación económica debe ser entregada a las mujeres que estuvieron presas en El Cunduy entre el 01 de enero de 2012 y el 14 de junio de 2013.

La sentencia del Consejo de Estado señaló que la entrega del reparo económico se debe a que cada una de las mujeres que estaban recluidas en ese pabellón vivía en dos metros cuadrados, porque aunque el centro tiene espacio para 25 reclusas, de acuerdo con el fallo, las cárcel para 2013 albergaba a 151 mujeres.

El documento indicó además, que muchos de los espacios donde las reclusas debían acomodar sus colchonetas para dormir eran en la sala de juego, los pasillos, e inclusive muchas veces en los baños, situación que las llevaba a un estado de precariedad, sobre todo cuando se presentaban estados de salud inesperados cómo cólicos, vómito o diarrea, así lo informó la misma emisora.

En el momento se espera iniciar el proceso de la modificación de la política criminal penitenciaria para añadirle dicho componente de género, y en el entretanto, en el senado cursa un proyecto de ley que busca dar alternativas a la prisión a aquellas madres cabeza de familia que hayan cometido delitos leves.

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