Denuncian crisis humanitaria y desplazamientos en el sur de Bolívar luego del asesinato de Rosa Mendoza, excombatiente de las Farc-EP

La Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamacó (Ahemerigua) alertó sobre la crisis de los pobladores de los municipios de Santa Rosa del Sur y Montecristo, en Bolívar, luego de la masacre que dejó cinco personas asesinadas, entre ellas, una bebé de dos años.

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Rosa Mendoza y su hija de dos años.
Cortesía: Sindicato Sutimac.
Rosa Mendoza y su hija de dos años. Cortesía: Sindicato Sutimac.

La Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamacó (Ahemerigua), a través de un comunicado, denuncia ante la comunidad nacional e internacional los delitos de lesa humanidad perpetrados en la vereda La Honda, municipio de Montecristo, departamento de Bolívar. La organización hace un llamado al Gobierno nacional y a las instituciones encargadas de garantizar los derechos fundamentales a la vida, integridad y permanencia en el territorio sobre la masacre en la que murieron cinco personas, incluida una bebé de dos años, y la crisis humanitaria que se vive en el sur de Bolívar y la Mojana.

El 26 de diciembre, en horas de la madrugada, en la vereda La Honda del municipio de Montecristo, sur de Bolívar, hombres pertenecientes a un grupo armado no identificado abrieron fuego contra una vivienda en la cual se encontraba la familia de Rosa Amalia Mendoza, excombatiente de las Farc-EP en proceso de reincorporación. De acuerdo con información de la comunidad, durante la acción armada fueron asesinados, además de Rosa, cuatro de sus familiares, incluida su hija de dos años. Los testigos señalan que los sujetos dispararon de manera indiscriminada y, posteriormente, arrojaron dos granadas dentro de la vivienda, dejando a otra persona herida de gravedad.

La masacre ha generado el desplazamiento de varias familias que vivían en la vereda, agravando la crisis humanitaria que enfrentan las comunidades de esta región del país, específicamente en los municipios de Santa Rosa del Sur y Montecristo. Además, señala la organización defensora de los derechos humanos, el 28 de agosto, en la vereda Palmachica, municipio de Santa Rosa del Sur, fue asesinado Jorge Iván Ramos, quien se desempeñaba como coordinador del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito por parte del partido Farc. En esta zona también se han presentado desplazamientos forzados los últimos días, sostiene la asociación.

En el comunicado, la Aheramigua asegura que ha denunciado durante más de diez años la crisis y el contexto violento en el sur de Bolívar y la Mojana debido a las disputas territoriales de los grupos armados ilegales que hacen presencia en la región, vulnerando la vida de comunidades y los excombatientes que se acogieron al Acuerdo de Paz y al proceso de reincorporación. Por ello, reiteran que la violencia y el riesgo constante que enfrentan los pobladores han perpetuado las violaciones, incontables, a los derechos humanos en la zona sin que haya respuesta alguna de las autoridades competentes y el Gobierno nacional. Asimismo, exigen a la personería municipal, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y demás autoridades competentes la garantía de protección a las comunidades de esta región del Bolivar.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, junto a la cúpula militar, aseguró que la guerrilla del ELN es la responsable del crimen luego de liderar un consejo de seguridad. Trujillo aseguró que se dispuso de una comisión especial integrada por el Ejército Nacional, la Policía, las autoridades departamentales, municipales y los entes de control para que se desplacen al lugar de los hechos y se realicen las verificaciones de la información y el esclarecimiento de los hechos.

Además, el Gobierno nacional ofreció una recompensa de hasta $40 millones para dar con el paradero de los autores. Según las autoridades, la zona en la que ocurrió la masacre es de difícil acceso debido a los constantes enfrentamientos entre disidencias de las Farc-EP y el ELN y la composición del terreno. Asimismo, convergen las bandas criminales y grupos de delincuencia organizada cuyo accionar se nutre de la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión.