Las demandas que podrían cambiar el mapa político del Congreso colombiano en 2021

Al menos 12 demandas tendrá que analizar en 2021 el Consejo de Estado para tomar una decisión.

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FOTO DE ARCHIVO. Legisladores colombianos debaten un proyecto de ley en el edificio del Congreso en Bogotá, Colombia. 18 de diciembre de 2018. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. Legisladores colombianos debaten un proyecto de ley en el edificio del Congreso en Bogotá, Colombia. 18 de diciembre de 2018. REUTERS/Luisa González

El próximo 12 de enero termina la vacancia judicial- periodo de vacaciones de los trabajadores de la justicia en Colombia. En esta fecha seguirá la discusión en el Consejo de Estado donde se determinará de una vez por todas si en las elecciones del 2018 hubo irregularidades que ameriten que se modifique el mapa del Congreso de la República.

Esto se daría por las 12 demandas que estudia la sección quinta que solicita que se anule el acta de elección de los senadores para 2018-2022, seguido de un nuevo escrutinio de los votos y se expidan las credenciales a los senadores, con este nuevo conteo.

El Tiempo recoge que las mesas demandadas en total fueron 91.196, de las 104.126 que la Registraduría habilitó en los últimos comicios. La demanda pide revisar y sostiene que existieron irregularidades en el 95 % de las mesas de todo el país.

Entre los demandantes están ciudadanos, movimientos alternativos y partidos tradicionales como el Conservador, Mira y Opción Ciudadana, quienes dicen que, por ejemplo, existieron diferencias e irregularidades en los formularios E-14 y E-24 -usados en el preconteo y escrutinio, respectivamente de la Registraduría.

De acuerdo con el diario, los demandantes aseguran que a algunos partidos se les habrían extraviado votos, mientras que a otros le aparecieron nuevos. Argumentan también que existe una diferencia entre el total de votos por partido en comparación la suma total por candidatos.

Sostienen además que existió un “sabotaje contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados electorales”.

Incluso alcanzan a decir que no hubo ningún protocolo de seguridad y se alteraron los números de los sufragantes, pues en ciertas mesas había más votantes de los permitidos.

Dentro de las demandas se dice que hay casos de “fraude en los puestos de votación con autenticación biométrica”, porque se habría permitido la votación en estos puestos de 450.000 personas sin pasar por el control biométrico, pese a que era obligatorio.

Una de las críticas que se hace dentro de los documentes es en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE), pues, aunque se habría revocado varias candidaturas, la Registraduría dejó los nombres en los tarjetones. Denuncian también un presunto “fraude consistente en presentar un candidato totalmente inhabilitado para sumar una votación producto de un engaño que no permite que otros candidatos que sí cumplen con los requisitos de ley, puedan ser elegidos”.

Uno de las quejas que más resalta es la que asegura que el partido cristiano Colombia Justa Libre tendría tres curules que no le pertenecerían, pues el movimiento no tenía la suficiente cantidad de votos en le preoconteo, pero sí ganaron tres curules en el escrutinio. Estos escaños le pertenecerían al partido Verde, Conservador y la lista de Decentes.

Jhon Milton Rodríguez, de Colombia Justa Libres habló con El Tiempo y dijo que “la Procuraduría ordenó el reconteo para algunas mesas, encontrándose más de 40.000 votos que se habían registrado para otros partidos. Por factor tiempo, no se alcanzó a recontar más del 8% de las mesas de Corferias en Bogotá y un porcentaje similar en el coliseo Evangelista Mora de Cali, por lo cual se adjuntaron pruebas de un faltante de más de 180.000 votos ante el Consejo de Estado” .

Existe además una demanda del exsenador de Cambio Radical Antonio del Cristo Guerra de la Espriella que perdió su curul en las elecciones de 2018 y que está preso por e escándalo de Odebrecht, sostiene que el iba a ganar el escaño que ostentaba desde 2006, pero perdió con Ana María Castañeda, de su mismo partido.

Por ahora la decisión está en manos del Consejo de Estado, que decidirá en los próximos días sobre las demandas.

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