El Gobierno le incumplió todos los derechos a los niños wayúu, denuncia la Procuraduria

El Gobierno no tendría más plazo para responder por los acuerdos con la comunidad wayúu.

Una niña colombiana de la tribu indígena Wayuu, juega con su túnica en el viento, antes de realizar un baile llamado Yonna, en Castilletes, Colombia, 19 febrero 2020.
REUTERS/Luisa González/
Una niña colombiana de la tribu indígena Wayuu, juega con su túnica en el viento, antes de realizar un baile llamado Yonna, en Castilletes, Colombia, 19 febrero 2020. REUTERS/Luisa González/

En una carta dirigida a la Corte Constitucional, el procurador General, Fernando Carrillo, denunció que el Gobierno incumplió una sentencia a favor de los niños wayúu y que, además, está dilatando los tiempos para hacer cumplir los acuerdos a los que se llegaron, en los que se consagra la protección de los derechos vitales de los niños de la comunidad.

Según la denuncia de la Procuraduría, en 2017 se ordenó al Gobierno Nacional garantizar alimentación, agua potable y acceso a la salud a los niños wayúu, así como cuidar de otros de sus derechos fundamentales. Pero hasta el momento, por parte del Gobierno, no se ha recibido ninguna respuesta o se ha mostrado interés por solucionar de alguna manera las precarias condiciones en las que viven los niños de estas comunidades.

Lo más penoso del asunto es que la Procuraduría Regional de la Guajira tuvo que interponer 16 tutelas entre marzo y septiembre de 2020 por la continua vulneración a los derechos de los menores, aún así, han pasado tres años desde que se emitió el fallo y, según la Procuraduría, el Gobierno solo ha respondido con reuniones en la zona, que no han llevado a ningún avance en lo pactado.

“Los resultados de los intentos para construir los indicadores de medición cumpliendo las condiciones exigidas por la Corte Constitucional, así como los derivados de las consultas realizadas en diciembre de 2019 no pueden ser aceptados, pues reflejan ineficiencia e ineficacia de las acciones, tras dos años y medio de notificada la sentencia. Mientras las consecuencias de estos intentos se miden en pérdidas de vidas humanas de los niños wayúu” Así, lo mencionan en el documento.

Según cifras del Instituto Nacional de Salud, para septiembre de este año, 30 niños menores de 5 años murieron por desnutrición en La Guajira. Además, la Procuraduría regional alertó sobre presuntos sobrecostos en los contratos de suministro de agua a la comunidad en Uribia.

Dentro de la denuncia de la entidad se dejó en claro que no se acatará ninguna solicitud del Gobierno para aplazar el cumplimiento de la sentencia, ya que este último argumentó que por la pandemia de covid-19, no pudo trabajar en esta solicitud. Sin embargo, el ministerio público aseguró que, desde diciembre de 2019 no hubo ningún avance hasta marzo del 2020, fecha en la que inició la emergencia sanitaria, entonces no hay razones verídicas para extender el plazo.

Además, el Gobierno Nacional no ha logrado coordinar un plan integral y concreto de acción que permita superar la crisis de esta población, no ha garantizado un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo wayúu, ni cuenta con personal capacitado y conocedor de sus usos y costumbres, aseguraron desde la Procuraduría.

A woman from the indigenous Ipuana Montiers family Wayuu tribe feeds her children, in Castilletes, Colombia February 19, 2020. Picture taken February 19, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez
A woman from the indigenous Ipuana Montiers family Wayuu tribe feeds her children, in Castilletes, Colombia February 19, 2020. Picture taken February 19, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez

Por su parte, la Procuraduría General aseguró que se han generado espacios de interlocución con las comunidades, audiencias de seguimiento, informes al Tribunal Superior de Riohacha sobre el estado del cumplimiento de la sentencia, acompañamiento a consultas previas, vigilancia a procesos de contratación en la región, e intervención en 16 tutelas accionadas por miembros de las comunidades wayúu o en representación de estas, para reclamar el acceso a la seguridad alimentaria, el agua y la salud.

Además, han adelantado acciones preventivas para que se garantice el acceso a la educación de los niños wayúu, vigilancia a los procesos de contratación del transporte escolar de la gobernación, así como al acceso al sistema de salud y al agua potable en época de pandemia.

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