Gobierno de Colombia responde a la ONU sobre las masacres registradas en 2020

La ONU lamentó que, tras décadas de conflicto armado, la violencia siga “normalizada” en Colombia.

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17/09/2020 Manifestación en Bogotá para protestar contra las últimas masacres ocurridas en varios departamentos de Colombia
POLITICA SUDAMÉRICA LATINOAMÉRICA COLOMBIA INTERNACIONAL
DANIEL GARZON HERAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO
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La Alta Comisionada Michele Bachellet dijo, este martes 15 de diciembre, que el Gobierno de Colombia debe aumentar la protección de la población debido al aumento de los asesinatos de líderes sociales y la violencia contra la población civil. En 2002 han ocurrido 66 masacres que se saldaron con el asesinato de 255 personas.

Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos, habló con El Tiempo, contestó las denuncias de la ONU y sostuvo que el Gobierno ya ha tomado las medidas para fortalecer la protección de la población.

La consejera dijo que “la protección de la población es la prioridad de la estrategia de seguridad dirigida directamente por el presidente Iván Duque en las regiones más afectadas por la criminalidad, derivada de las economías ilícitas”. Sostuvo que el Gobierno ha delineado tres medidas para enfrentar el flagelo de la violencia en Colombia.

Se han tomado tres medidas: primero, atender con urgencia las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Segundo, intensificar el control militar de área para denegar espacios a los grupos armados organizados que atacan a los líderes sociales y afectan a las comunidades. Y tercero, desarticular dichas organizaciones.

Sobre la solicitud de Bachelet para que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad cree políticas públicas con el fin de desmantelar las organizaciones criminales, Gutiérrez dijo que “el gobierno del presidente Duque cuenta, desde el inicio del gobierno, con una política de desmantelamiento de los grupos criminales, tanto los sucesores del paramilitarismo como de las Farc, al igual que ocurre con el Eln, el Clan del Golfo, los Caparros, los Pelusos y cualquier otra estructura que afecte a la población”.

Además, insistió que se deben transformar las regiones “sustituir las economías ilícitas por lícitas, para afectar las condiciones que favorecen la persistencia de la violencia y la criminalidad”.

Ese es el enfoque del gobierno del presidente Duque, e implica una óptica de prevención con programas que garanticen a la comunidad el acceso a la tierra, a proyectos productivos, a salud, educación, vías y conectividad.

¿Qué dijo Bachelet?

Bachelet calificó de “horrenda” la violencia que aún persiste en el país suramericano, atribuible a “grupos armados no estatales, grupos criminales y otros elementos armados en Colombia”. Entre sus objetivos figuran principalmente en campesinos, indígenas y afrocolombianos, si bien la Alta Comisionada también aprovechó para recordar que se han registrado 120 asesinatos de defensores de Derechos Humanos y 244 de exguerilleros de las FARC.

“Es trágico ver a tantas personas ser víctimas de la violencia persistente a lo largo del país”, denunció la expresidenta chilena, que incluyó en la categoría de víctimas a “los que se quedaron” pese a la violencia y que “permanecen casi completamente indefensos”.

Bachelet reclamó “medidas más sólidas y mucho más efectivas” a las autoridades colombianas, teniendo en cuenta que el Estado debe considerar como un “deber” el mero hecho de “estar presente de todo el país”.

En este sentido, apuntó que no basta solo con “medidas drásticas en contra de los responsables de la violencia”, sino que dentro de las políticas públicas “integrales” deben figurar igualmente la necesidad de brindar servicios básicos a la población y salvaguardar sus derechos fundamentales.

La Alta Comisionada valoró que la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General “ha estado haciendo un buen trabajo”, pero opinó que “podría fortalecerse aún más para desmantelar las redes criminales”, al tiempo que confía en que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad cumpla con los compromisos del acuerdo de paz y desmantele las organizaciones criminales “sucesoras del paramilitarismo”.

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