En firme condena contra exfuncionario de Ecopetrol por aceptar sobornos

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá mantuvo la condena de ocho años en prisión del exfuncionario de Ecopetrol Jaime Eduardo Urueta, tras resolver un recurso de casación. El ingeniero está condenado por recibir sobornos con el fin de beneficiar a la empresa Petrotiger.

El Tribunal dejó en firme la condena contra Urueta por delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito al otorgarle a dicha empresa contratos para la exploración y explotación de pozos petroleros en el norte del país. La sentencia la concedió el juzgado 30 de conocimiento de Bogotá en octubre de 2019 después de determinar que el hombre recibió casi 35 millones de pesos para que la empresa estadounidense lograra el contrato que alcanzaba los 140 mil dólares.

En 2008 los empresarios John Sigelman y Knut Hammarskold, dueños de Petrotiger llegaron a Colombia buscando incursionar en el negocio del petróleo en el país. Según El Espectador, estos empezaron a tener contratos con Ecopetrol para perforación y producción de pozos donde terminaron invirtiendo 45 millones de dólares y, finalmente, adquiriendo el 95% de la firma. Pero las cifras no cuadradaban, por lo que en 2011, tras sacar de sus cargos a Sigelman y Hammarskjold por irregularidades, la firma Jega realizó una auditoria donde encontró pagos no reportados a personas no identificadas.

Por esto, Petrotiger puso las denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y de esta manera se expusieron los sobornos que se consignaron a funcionarios de Ecopetrol para mantener los contratos en el país que llegaban a los 49 millones de dólares.

El Espectador explica que la Fiscalía accedió a las denuncias en 2014 y descubrió que una empresa fachada llamada AZ Transportes gestionó distintos proyectos y, a través de falsas facturas de transportes, se justificaban los sobornos. El diario pudo determinar que el representante legal de la fachada reconoció que no existía tal empresa.

Los condenados en Colombia por este caso son David Orlando Durán Flórez, Elgui Johana Navarro Carvajal, Eduardo Acosta, Marcos Mauricio Vesga Niño y Luis Francisco Guinard Voelkl.

Ley anticorrupción

En declaraciones para Revista Semana, Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa del Estado, una de las entidades protagonistas en la conformación del articulado presentado por el Presidente Iván Duque en los últimos días de octubre, esclareció el marco sobre el que operará la Ley integral de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción para que las sanciones no queden en el papel y se traduzcan en resultados tangibles, como en el caso del megaconsorcio brasileño, del que promete, en una acción conjunta con Cancillería, un veto cuya extensión será de 20 años.

Para Gómez, la ley cuenta con dientes para que las personas jurídicas respondan ante las autoridades por los casos de corrupción. En sus palabras: “La lucha contra la corrupción tiene que tener consecuencias contra quienes la toleran, la promueven y se benefician, no solo es despedir al representante legal o al social o al administrador”, por lo que la Agencia, amparada en el Decreto 1358 de 2020 que reglamenta la Ley de Soborno Trasnacional busca atacar directamente a este tipo de figuras jurídicas y su injerencia en sonados episodios de corrupción en el país.