JEP decide dejar en la cárcel al Coronel Joaquín Correa por no contar la verdad sobre masacre de ‘paras’ en el Magdalena Medio

A correa se le acusa de permitir que los paramilitares cometieran una masacre donde degollaron a una persona en frente la comunidad y desaparecieron a 25.

La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para Paz (JEP) negó el beneficio de libertad a Joaquín Correa López, teniente coronel retirado de la Policía Nacional, por no contribuir a la verdad como lo exige el tribunal para poder acceder a este tipo de solicitudes.

Correa era el comandante operativo del Magdalena Medio cuando el 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja, los paramilitares ingresaron a la zona, al parecer con ayuda de la fuerza pública, asesinaron a 7 personas y desaparecieron a otras 25.

De lo que lo acusa el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), es que el Coronel “sabía con anterioridad, por informaciones proporcionadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (extinto DAS), sobre la inminencia de la incursión paramilitar en Barrancabermeja, sin embargo, no tomó las medidas para proteger a la población, no desplegó actos para buscar a las personas desaparecidas y ordenó, en lenguaje cifrado, la no presencia policial en el lugar de los hechos”.

La Sección de Apelación de la JEP también le cuestionó a Correa su propuesta de reparación ya que este dijo que pensaba brindar una cátedra de paz a las víctimas y confrontarse con los responsables de la masacre para esclarecer lo sucedido. Sin embargo, la Jurisdicción le dijo que lo más lógico sería dictar esa cátedra a los victimarios. Correa fue capturado en julio de 2019.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP aceptó a Joaquín Correa y a otros dos policias en marzo de 2020 y le concedió el beneficio de la Privación de la Libertad en Unidad Militar o Policial.

La masacre del 16 de mayo

Según Rutas del Conflicto, ese día, después de secuestrar a cuatro personas y asesinar a otra, los paramilitares llegaron a la cancha de fútbol del barrio El Campín, cuando cerca de 100 personas celebraban en un bazar, y los hicieron tender en el piso. Ahí, dos exguerrilleros que fungían como informantes, señalaron a presuntos subversivos del Eln y los subieron amarrados a varias camionetas.

Sin embargo, uno de ellos se resistió y los paras lo degollaron en frente de toda la comunidad. Tras esto, se llevaron a otras 30 personas, pero cuando iban por la vereda Patio Bonito asesinaron a cinco porque “tenían mucho peso en las camionetas”. Las otras personas fueron llevadas a una base que tenían en un sector llamado San Rafael de Lebrija y después los asesinaron, aun sabiendo que no eran guerrilleros porque, según fuentes de Rutas del Conflicto, uno de los dos informantes admitió que se había equivocado.

Esta masacre la lideró el máximo jefe de las Autodefensas Campesinas de Santander y Sur del Cesar (Ausac), Guillermo Cristancho Acosta, alias Camilo Morantes, quien dio la orden de matar a las últimas víctimas cuando estaba borracho. Al parecer el líder para quería demostrar su poder en la zona y sacar a la guerrilla del contrabando de gasolina. Morantes fue asesinado por oden de Carlos Castaño en 1999 y fusionó las Ausac con el Bloque Central Bolívar.

Rutas del Conflicto explica que la versión de que la fuerza pública colaboró en la masacre, vino de testimonios de los propios desmovilizados.