Contraloría inició seguimiento a las ayudas para el Archipiélago de San Andrés

Una comisión interdisciplinaria de la Contraloría General de la República comenzó los procesos de seguimiento permanente a las acciones y recursos dispuestos para atender la emergencia que se ha presentado en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tras el paso del huracán Iota. El grupo encargado adelantará acciones de verificación fiscal al plan del Gobierno de la Gerencia para la Reconstrucción y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para iniciar la reconstrucción de Providencia y las acciones de atención frente a los daños generados en San Andrés.

Este ejercicio se desarrolla en cumplimiento de los decretos estipulados por el Ministerio de Hacienda que, de acuerdo a las resoluciones del 1 de diciembre de 2020, le permitieron al Gobierno nacional disponer de $150 mil millones para atender las emergencias y desastres en el país, de los cuales, la $50 mil fueron destinados destinados por la UNGRD para atender el Archipiélago. Además, la entidad dispuso de los $100 mil millones restantes para reparar los daños causados por la temporada de lluvias en los departamentos de Bolívar, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, Magdalena, La Guajira e, incluso, no descarta la posibilidad de aumentar el presupuesto para el Archipiélago.

De acuerdo a la verificación en campo hecha por le organismo de control, no se ha logrado identificar el número real de familias y personas afectadas, debido a que muchos pobladores han migrado de la isla de Providencia. Además, la Alcaldía para la atención del desastre dividió al municipio en seis sectores para continuar con este proceso de identificación y dar inicio a su reconstrucción: Casa Vieja, Sout Whest, San Felipe, Pueblo Viejo, Free Town, Centro, Santa Catalina, Maracaibo y Rocky Point.

Además, dado que, de los 15 alojamientos temporales para albergar a posibles damnificados antes de la emergencia, solo hay disponibles 7, la comunidad ha adecuado sus casas para ayudar a los damnificados. Así, se constituyen actualmente 45 albergues. Los colegios también se vieron gravemente afectados, pues ninguno quedó en pie. Por ello, se adelantarán acciones para construir infraestructuras permanentes y duraderas. El hospital de Campaña de primer nivel está operando y tiene una capacidad de 12 camas.

En su inspección a la isla de San Andrés, la Contraloría visitó tres albergues y, a través de la UNGRD, ha entregado colchonetas, kits de aseo, alimento y cocina y frazadas. También, suscribió contratos para brindar desayuno, almuerzo y comida a 69 personas.

El Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda, aseguró que un equipo interdisciplinario recorre actualmente las islas para evidenciar la situación de los habitantes a través del testimonio y las denuncias de la comunidad.

A través de la UNGRD, se han dispuesto de $1.638 millones, menos del 2% del presupuesto inicial, para atender estas necesidades de la población. Además, señala la Contraloría, el departamento, con corte al 3 de diciembre, ha recibido donaciones por $48.908 millones y 122.334 en especie a través de alimentos, kits de cocina y aseo, herramientas para la construcción de viviendas, tranques, vuelos y casas.

Además, el organismo de control, desde el 17 de noviembre, ha identificado la emisión de seis certificados presupuestales para el apoyo técnico y operativo con el fin de rehabilitar y fortalecer la capacidad logística en el departamento; la ayuda organizacional para reconstruir y atender las afectaciones en los municipios de Providencia y Santa Catalina y la prestación de servicios profesionales especializados para liderar procesos sociales y comunitarios en el departamento.

También, se han expedido documentos para reconstruir y poner en marcha el emisario submarino, sistema de disposición final de aguas residuales en el mar, afectado por el paso del huracán Iota y la contratación del servicio de transporte aéreo de pasajeros requeridos por parte de la UNGRD para su traslado. Asimismo, la Contraloría, en su trabajo de inspección, le solicitó a la UNGRD y a la Gerencia para la Reconstrucción, que las decisiones sobre el presupuesto se hagan públicas “para que se garantice y materialice la transparencia en el uso de los recursos públicos”.