“El mismo día que debatían la prohibición de los toros en el país, también aprobaban la eutanasia”, condenó el director de Cormanizales

Con el inicio de debates para un proyecto ley que busca prohibir las corridas de toros en Colombia, el pasado 7 de diciembre, animalistas y defensores de la tradicional actividad en Manizales se han referido tema, y han plantado su posición respecto a continuar, o no, con esa práctica tan característica de la feria de esa ciudad que celebra en enero de cada año.

Juan Carlos Losada, integrante del Partido Liberal, y principal ponente del proyecto de ley, basa sus argumentos en el derecho a la vida, según él, los animales, en su condición de seres sintientes, deben tener asegurado este derecho, y debe prohibirse la tortura sobre ellos bajo cualquier circunstancia.

“Aquí no nos estamos metiendo con el sacrificio de los demás animales para el consumo humano, aquí estamos hablando solamente de un animal al cual van a torturar durante una hora entera para satisfacción de unos cuantos que todavía ven en eso algo de placer, el 80 o 90% de los colombianos donde esos pocos ven placer, ven una tortura inaceptable a un ser sintiente”, argumentó Losada.

La propuesta, que fue aprobada en un primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, ha generado polémica entre los defensores y los ciudadanos en contra de la práctica. Caracol Radio recopiló los testimonios de las reacciones de algunos voceros de ambas partes del debate que busca que el proyecto de ley 410 de 2020, que el senador ponente definió como “es un salto cuántico en los temas de cultura y de respeto hacia los animales”.

Juan Carlos Gómez, director de Cormanizales, quien gestiona las decisiones sobre la Plaza de Toros de Manizales, aseguró, en la entrevista para ese medio, condenó a Losada y a los defensores de los derechos animalistas de querer “imponer sus doctrinas” sobre una tradición, aseguró que lo que estaba sucediendo es la misma historia de siempre, y que lo único que buscaban las personas que han intentado tumbar la tauromaquia durante años es ganar ventaja política.

“Un año más de la misma vieja historia repetida (...) el mismo día que debatían la prohibición de los toros en nuestro país, también aprobaban la eutanasia, de manera que es un congreso muy congruente, yo sigo pensando que es más importante ser humanista y ser próvida que simplemente ser un animalista”, aseguró Gómez.

John Hemayr Yepes Cardona, animalista y presidente del Concejo de Manizales, resaltó que desde hace años han venido trabajando en buscar la forma de eliminar esa práctica en la ciudad pero, explicó que las trabas para que el proyecto avance vienen desde las autoridades competentes para legislar, es este caso, el Congreso de la República, “le compete al Congreso de la República legislar al respecto, no quedarse quieto, ni sordo, ni mudo, sino legislar y desde el año 2010 el Congreso no ha querido legislar, nosotros hemos tratado de presentar una normativa que hoy por fortuna pasa el primero de cuatro debates necesarios”.

El director de Cormanizales, uno de los principales defensores de la práctica taurina en el país, mostró un parte de tranquilidad respecto a que la historia se repita y el debate para aprobar el proyecto de ley se caiga a la mitad, “el proceso seguirá, pero como repetidamente ha sucedido (...) esperemos que al final la inteligencia supere la imposición (...) seguramente la tradición taurina continuará”

Yepes Cardona, quien manifestó algo parecido respecto al nulo avance del proyecto de ley en otras ocasiones a causa del Congreso, acusó al gobierno de estar siempre del lado defensor del toreo, “sabemos que la tendencia de este gobierno siempre ha amparado este tipo de actividades, pero es muy importante plantear que las acciones que vamos haciendo como ciudadanos y con la empatía que tenemos con algunos representantes, hace que avancemos”

El proyecto de ley de Losada, que ya pasó un debate de cuatro en total, propone también beneficios para las familias que viven de los recursos que deja la tauromaquia en el país, en caso de que la actividad sea abolida. Bajo una estrategia de ‘reconversión económica’, se espera que, de ser aprobada la ley, se financiará durante seis meses a esas familias para no dejarlas bajo el desamparo.